La poda en las instituciones estatutarias —Sindicatura de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consejo Económico y Social (CES), Consell Valencià de Cultura (CVC) y Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)— anunciada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, implicará cambios en el sistema retributivo de estos organismos.
Aunque el nuevo diseño todavía no está cerrado —Fabra quiere anunciarlo en el debate de política general previsto para la última semana de septiembre— fuentes de la Generalitat consultadas por este diario indicaron que, entre otras cuestiones, será objeto de revisión los gastos relacionados con el personal. Y ello por una doble vía. El Consell no descarta la reducción de miembros y estudia cómo meter la tijera en los emolumentos, básicamente en las dietas que se cobran en algunas de estas instituciones para evitar que se conviertan, como ocurre en ocasiones, en verdaderos sobresueldos para integrantes que, además, perciben otro salario público.
El endurecimiento del régimen de incompatibilidades es una de las cuestiones que el Consell tiene previsto abordar en las reuniones previstas con cada uno de los responsables de estas instituciones.
La fórmula para el adelgazamiento de estos organismos, precisaron estas fuentes, no puede ser global, sino adaptada a cada caso. De hecho, cada una de las cinco instituciones consultivas tiene una dinámica de funcionamiento distinto. En el caso del CJC; la Sindicatura de Comptes y el defensor del pueblo valenciano sus respectivos miembros cobran un salario completo, pero están sometidos a un severo régimen de incompatibilidades.
Tienen dedicación exclusiva, de tal manera que, a excepción de la docencia y la insvestigación, no puede ejercer ni percibir retribuciones fuera de la institución. Por ejemplo, los nuevos integrantes del CJC; Joan Ignasi Pla y Enrique Fliquete tuvieron que dejar los despachos donde trabajaban como abogados al integrarse en el órgano.
La exclusividad no está regulada en otros órganos consultivos como la Acadèmia Valenciana de la Llengua o el Consell Valencià de Cultura. A excepción del presidente y el secretario de la AVL, los 21 académicos no tienen una retribución mensual, sino sólo derecho a dietas por asistencia a las reuniones. Lo mismo ocurre con los también 21 miembros del CVC.
Ocurre, sin embargo, que en ocasiones las indemnizaciones concebidas para compensar a los académicos o miembros del CVC por las reuniones a las que acuden se han convertido en auténticos sobresueldos. En un mes un académico o un miembro del CVC puede llegar a percibir hasta 2.000 euros, según fuentes conocedoras del funcionamiento de estas instituciones. Además, todos los miembros cobran la misma dieta con independencia de si son los encargados de redactar un informe o meros observadores o de si reciben o no otro salario público.
En esta situación se encuentra la directora del IVAJ, Consuelo Císcar, o el director de la Institución Alfons el Magnànim, Ricardo Bellveser, que compatibilizan sus cargos con su pertenencia al CVC. A su salario suman cada mes dietas de aproximadamente 300 euros por reunión. También la mayoría de los miembros de la AVL compatibilizan su sillón de académicos con sus trabajos, muchos de ellos profesores o catedráticos universitarios.
Desde el Consell se comparte la idea de que, en la situación actual de crisis, con despidos masivos en el sector público, no es de recibo un doble salario público. También se buscan mecanismos para evitar abusos, como la convocatorias de reuniones innecesarias. La cuestión es que en la actualidad nada obliga a ningún representante de estas instituciones a renunciar a las compensaciones. Hay quien lo hecho por decisión propia, como el presidente de la AVL, Ramón Ferrer, que renunció a su salario (tiene sueldo como catedrático) o en el pasado consejeros como Vicent Álvarez, respecto a las indemnizaciones.
Opacidad sobre las compensaciones económicas
La mayoría de las instituciones de autogobierno son bastante cicateras a la hora de informar con detalle sobre las compensaciones económicas que perciben sus miembros. El presupuesto de todas ellas es público y da una idea aproximada de cómo se reparten los gastos, si bien hay escasa transparencia sobré qué cobra cada uno de sus miembros. Esta opacidad es especialmente relevante en el caso de las dietas. Es más, en lugar de caminarse hacia la transparencia se han dado pasos atrás.
Así, el CVC dejó de publicar en su memoria el reparto de dietas entre consejeros. La última vez que lo hizo fue en 1997. Entonces los 21 consejeros se repartieron 395.000 euros por acudir a sesiones en 2007, lo que implica un sobresueldo anual de unos 18.000 euros para cada uno de ellos. El dato no ha vuelto a figurar en la memoria. Los presupuestos de 2012 incluyen 649.000 euros para gastos de personal y unos 554.000 euros en indemnizaciones.
La Acadèmia de la Llengua, por su parte, contaba con 1,8 millones de euros para gastos de personal en sus cuentas de este año y una reserva de 400 euros para indemnizaciones.
Por su parte, los miembros del CES también cobran compensaciones económicas por su asistencia al órgano consultivo. Durante 2012 contarán con una subvención de 264.000 euros. Este órgano, que Dolores de Cospedal suprimió en Castilla-La Mancha, cuenta con 42 miembros, que representan a sindicatos, empresarios y administraciones. Quien cobra y cuánto cobra es una incógnita.
