La Comunitat Valenciana lidera las subastas por deudas en toda España

El Defensor del?Pueblo ha pedido al Gobierno en su último informe anual que ayude de una vez a las familias y a los pequeños empresarios que no pueden hacer frente a sus deudas con los bancos por la crisis. La institución considera que «tanto la vivienda habitual como el local de negocio deberían recibir una protección extraordinaria en una ejecución hipotecaria ya que su pérdida multiplica el riesgo de pobreza».

El informe del Consejo General del Poder Judicial precisa que en toda España se celebraron el año pasado 73.613 subastas en los juzgados de Primera Instancia. En la Comunitat Valenciana se ejecutaron 15.006 hipotecas, superando con creces a Cataluña y a Andalucía. Los jueces catalanes resolvieron 13.515 hipotecas y los andaluces 13.425.

El Defensor del Pueblo, en su informe anual que entregó antes del nombramiento de Soledad Becerril, lamenta que el Gobierno ha venido rechazado la posibilidad de flexibilizar la ley hipotecaria alegando que la mayoría de los ciudadanos pueden atender sus pagos y que en el derecho español ya cabe la dación en pago para saldar la deuda.?Sin embargo, la ley es tan rígida que nueve de cada diez familias valencianas que tratan de zanjar su deuda con la entrega de la vivienda fracasan. La situación, según admiten los magistrados, es especialmente grave en un momento en el que los desahucios han aumentado solo en la ciudad de Valencia un 16% en los últimos doce meses.

El informe del Defensor del Pueblo advierte al Ejecutivo de que es necesario una nueva regulación para las «personas físicas con sobreendeudamiento» debido a que tienen unas necesidades diferentes a las de las empresas. «Las circunstancias personales influyen en la situación económica: la existencia de matrimonio, el régimen económico de éste, la posibilidad de un divorcio o el derecho de alimentos. Todas estas razones ponen claramente de manifiesto que la regulación de la insolvencia personal y familiar no es una cuestión caprichosa sino una exigencia social.?No puede aceptarse como justificación para no abordar el estudio del problema el hecho de que, al parecer, la mayoría de los españoles sean capaces de hacer frente al pago de sus deudas», apunta la memoria.

Falta diligencia bancaria

El Defensor reconoce que «la mayor parte de la responsabilidad del endeudamiento recae sobre los particulares, pero no es menos cierto que las entidades bancarias tampoco han sido diligentes y, sin embargo, encuentran más ayuda para superar su problema». Además, insiste en que es necesario que se arbitre un sistema para que los «deudores de buena fe» puedan continuar en la vivienda a cambio de algún tipo de compensación y que se regule una verdadera dación en pago que acabe con el «endeudamiento de por vida».

Jueces y abogados reclaman cambiar la ley

Los jueces y los abogados han reclamado que se suavice la ley para frenar desahucios «sangrantes». Los magistrados valencianos recuerdan que en países como Francia la normativa permite suavizar el rigor a la hora de decretar un desahucio en función de las circunstancias que ocurren en cada caso. Los jueces —como el Defensor del Pueblo y los abogados— consideran que es necesario buscar alternativas como la dación en pago o el incremento del tanto por cien mínimo que deben pagar las entidades bancarias por quedarse con la casa y que actualmente está fijado en un 60% del valor de tasación.

El Defensor del Pueblo advierte en su informe anual de que el aumento del límite del salario inembargable —fijado en el 150% del salario mínimo interprofesional (unos 960 euros)— «no deja de ser un avance pero no soluciona el problema que se genera a quienes han perdido su vivienda habitual o están en vías de hacerlo y además continúan debiendo dinero a las entidades de crédito de por vida».

El Colegio de?Abogados de Valencia puso en marcha en junio un programa gratuito de intermediación hipotecaria para ayudar en las negociaciones con los bancos a las personas que no pueden hacer frente a sus cuotas. El Colegio de Abogados ha criticado la intransigencia de la banca y lamenta el muro que levantan la mayoría de las entidades cuando las familias tratan de alcanzar un acuerdo.

Los abogados defienden la necesidad de modificar el Código de Buenas Prácticas para frenar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social y ampliar los requisitos para optar a la dación en pago. El principal problema es que una de las condiciones para evitar la ejecución hipotecaria es que la unidad familiar no cuente con ningún ingreso, incluidos los subsidios por desempleo.