La Conselleria de Sanidad todavía no sabe cuántas personas quedarán fuera del aseguramiento sanitario a partir del uno de septiembre que es cuando entra en vigor el Real Decreto 16/2012 que excluye de la asistencia sanitaria a las personas irregulares y sin papeles, y está a la espera de que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) cruce la base de los datos de extranjería con la de aquellas personas sin documentación a quienes el próximo 31 de agosto les caduca la tarjeta SIP de los «sin recursos». A ocho días de que entre en vigor la norma, tampoco se sabe si los irregulares que sean atendidos en urgencia €ya sean hospitalarias o de primaria€ tendrán acceso a las recetas financiadas.

Algunos afectados ya están preguntado a sus médicos qué va a pasar con operaciones previstas para septiembre, así como con el seguimiento de tratamientos crónicos de oncología, respiratorios, diálisis...

Algunos médicos de los servicios de Infecciosos de los hospitales han anunciado ya su intención de declararse objetores para seguir atendiendo a los pacientes seropositivos, con tuberculosis o infecciones venéreas como gonorrea y sífilis que están en aumento.

El problema será el acceso a la medicación, ya que un tratamiento de VIH cuesta unos 8.000 euros al mes.

Carga viral poblacional

«Es un sinsentido que no se les facilite el tratamiento €que lo proporciona la farmacia del hospital€ porque eso aumentará la carga viral poblacional, el número de contagios y el coste de los tratamientos», declaró un responsable que está convencido de que no se suspenderá la entrega de fármacos a estas personas.

Por su parte, el conseller de Sanidad Luis Rosado declaró ayer a Levante-EMV que además de la asistencia urgente, las personas sin papeles también entrarán dentro de las campañas de salud pública (vacunaciones, prevención...etc).

Sin embargo Rosado precisó que se tratarán todos los casos agudos pero no la derivación al especialista, que tendrán que costearla los propios afectados.

La Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria ha activado la campaña de filiación de objetores al considerar que la limitación de acceso a la atención sanitaria supone «medidas discriminatorias, vulnera obligaciones y tiene gran impacto sobre el derecho a la vida».

La entidad apoya una campaña de Médicos del Mundo para que los ciudadanos, a través de un modelo de carta personalizada, inviten a los profesionales sanitarios de sus centros de salud o de su hospital a sumarse a la objeción de conciencia.