El Ejecutivo valenciano, agobiado ante la falta de liquidez de las cuentas públicas, ha solicitado al Gobierno central un anticipo de Fondo de Liquidación Autonómica con el fin de poder hacer frente a sus pagos más urgentes. La petición fue confirmada ayer por el vicepresidente del Consell, José Císcar, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno a preguntas de los periodistas. Fuentes de la Generalitat informaron posteriormente que el Ejecutivo quiere que el dinero llegue cuánto antes, si bien admitieron que, de momento, la inyección de fondos no ha llegado porque el conocido como fondo de rescate todavía no ha sido provisto.
Las conversaciones entre las conselleries de Hacienda y Economía y el ministerio para el adelanto se han producido durante este mes de agosto, pero la constitución y provisión del fondo todavía está pendiente. El Consell, el primer gobierno autonómico que anunció su intención de adherirse a este mecanismo, confiaba en que a finales de agosto o principios de septiembre estuviera ya disponible. La Generalitat, según algunas fuentes, se encuentra en una situación extrema hasta el punto de que podría tener problemas para afrontar en tiempo y forma todos los pagos del capítulo de personal.
En este contexto, es lógico que Fabra presione a Madrid para que el dinero llegue cuánto antes. Las fuentes consultadas no aclararon cuánto dinero se ha pedido en concepto de anticipo: «Todo el que sea posible», fue la contestación. Paralelamente, la conselleria que dirige Máximo Buch ha negociado este verano créditos puente por valor de 98 millones para poder afrontar los vencimientos de deuda. Ayer mismo vencía el plazo para la amortización de un préstamo con el UBSAG por valor de 115 millones. Antes de finalizar el ejercicio sólo en deuda habrá que pagar 2.000 millones.
Y mientras se libra la batalla por conseguir liquidez, el Ejecutivo de Fabra sigue haciendo esfuerzos para reducir el gasto. De hecho, el primer pleno del Gobierno tras las vacaciones se dedicó de forma monográfica a las políticas de austeridad. El vicepresidente Císcar proclamó que la valenciana es la comunidad más aplicada en el cumplimiento del déficit y rechazó las previsiones del informe de Fedea que auguran un exceso de déficit de al menos 7 décimas. Según Císcar las medidas de austeridad se dejarán sentir especialmente en el último trimestre del año.
En el primer semestre, la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las políticas de Racionalización y Austeridad ha certificado un ahorro de 417,2 millones de euros, lo que representa un 43,54 por ciento del previsto para el conjunto del año, cifrado en más de 958 millones. La comisión, recordó el portavoz, gestiona actualmente la supervisión de 73 medidas de control, ocho de ellas de nueva implantación. Entre ellas figura, tal como informó este diario, recortes en dietas por desplazamientos o en asistencias técnicas.
Císcar agrupó las medidas de ahorro en tres grandes bloques (las contenidas en el decreto de enero para reducir el déficit; las que son fruto de propuestas de las conselleries y las adoptadas en abril referente al recorte en subvenciones) y puso ejemplos que evidencian que la tijera ha llegado a todos los rincones. Así, el ahorro en alquileres se cifra en 1,1 millones y en dotación de premios (se ha suprimido la cuantía económica por menciones honoríficas) en 125.000 euros. El ajuste por el mantenimiento de equipos ha supuesto ya 2 millones, el envío telemático de la nómina 114.000 euros y la reducción del suministro de papel cerca de un millón. El ahorro más cuantioso (22 millones) proviene del control del absentismo laboral.
260, 4 millones. Aplicación del decreto de enero
Este bloque se refiere a las medidas contenidas en el decreto para reducir el déficit de enero. Destaca el ahorro por el menú básico en hospitales (353.000 euros) o eliminación de las operaciones de cataratas del plan de choque (4,8 millones)
42 millones. Iniciativas de las conselleries
Los consellers han propuesto iniciativas de ahorro por 63 millones. Hay certificados 42 por recortes en dietas, alquileres y asistencias técnicas.
114 millones. Acuerdos de abril
Se espera recaudar 136 millones en ayudas a sindicatos y empresarios.
