«Acabo de atender a un marroquí con una fractura de calcáneo (talón) pero, ¿a donde lo envío después?», se preguntaba el viernes el doctor S. R., un especialista de urgencias de un hospital preocupado por el futuro de los inmigrantes sin papeles que dentro de una semana caerán en sus manos y solo podrá darles una atención puntual.
Finalmente, el médico remitió al enfermo al Centro de Asistencia a los Sin Techo (CAST) del Ayuntamiento de Valencia para que las trabajadoras sociales le orienten y pueda reponerse de una lesión tan relevante cuando el día a día consiste en deambular de un lugar a otro.
El presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina de Urgencias, José Luis Ruiz, ya prevé un aumento de la demanda en las puertas de urgencia hospitalarias a partir del uno de septiembre, que es cuando entra en vigor el Real Decreto 16/2012 que restringe la atención sanitaria a los «sin papeles» a las emergencias y casos extremos.
Aunque aún es pronto para cuantificar cuanto va a crecer esta asistencia, Ruiz sí es partidario de que los inmigrantes irregulares sigan un tratamiento de continuidad cuando se les diagnostique una enfermedad infecciosa como tuberculosis, una sífilis, una hepatitis, un VIH o cualquier patología de repercusión comunitaria, «porque esa asistencia -precisa Ruiz- entraría dentro de la atención urgente ya que lo contrario pondría en riesgo a la población».
El peligro de los no objetores
Mientras que un centenar de médicos se opone a que por ley se les coarte y coaccione en el cumplimiento de su código deontológico, los gabinetes jurídicos de la Organización Médica Colegial y de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria diseccionan bajo el microscopio de la jurisprudencia los capítulos del texto legal que entrará en vigor la próxima semana para hacer públicas todas las irregularidades en las que incurre y pedir la anulación de parte de su contenido, así como el aplazamiento de su entrada en vigor.
El presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Carlos Fluixà, apunta que el problema no lo tendrán los médicos objetores sino, precisamente, los que vayan a dejar sin asistencia a los inmigrantes irregulares por imperativo legal.
«Incumplir la atención a pacientes que solicitan nuestra ayuda podría ser penado por ´denegación de auxilio´ u ´omisión del deber de socorro´, además del compromiso ético de la obligación de no abandono y de lealtad», resalta Fluixà que precisa que todos estos principios están avalados por la Declaración de Ginebra -juramento hipocrático alternativo de la Asociación Médica Mundial-, los Derechos del Paciente, la Constitución, los Estatutos de Autonomía, la Ley General de Sanidad, la Ley General de Salud Pública y otras normas legales de derecho internacional público y tratados internacionales.
La norma se va a incumplir desde el primer día de su entrada en vigor, el 1 de septiembre, vaticina Fluixà. «Hay un montón de consultorios en los que solo está el médico, donde seguirán acudiendo los pacientes independientemente de si tienen SIP o no que serán atendidos como siempre», expresa Fluixà que, por el contrario, lamenta que la aplicación de la norma en los centros de salud supondrá que los médicos verán a los pacientes sin historia clínica», explica.
«Esto va mucho más allá de una ley porque estamos hablando de valores, de dignidad humana, de crear un mundo que no sabemos donde va a acabar, porque a lo mejor el año que viene se retira la asistencia a los parados..., por ejemplo, quien sabe», declara Fluixà que saca a colación el caso de una mujer rumana de 65 años que hace tiempo vino a ver a su hija y tuvo una hemorragia cerebral que la tuvo dos años en cama. «En casos como este, -plantea el médico- ¿qué le tengo que decir? ´Apáñese usted con lo que tiene´, ¿qué va a pasar con estas personas?»
«Soy objetor y voy a atenderlos en mi horario laboral y desde dentro del sistema. No me amenacen, -replica Fluixà- porque yo no puedo abrir la puerta de la consulta y decirle a un paciente: ´No le trato porque no tiene papeles´. No vamos a permitir que vayan contra los más débiles».
