Corría el año 2004 y las tres diputaciones provinciales gastaban 136 millones de euros en pagar al personal de la casa. Eran los años del boom y sus responsables políticos —Fernando Giner, José Joaquín Ripoll y Carlos Fabra (PP)— no dudaron en arrojar más madera a la caldera de las nóminas públicas, una fuente muy antigua de favores y agradecimientos. Así dispararon el gasto en personal: los sueldos provinciales pasaron de 136 a 178 millones anuales en sólo cuatro años. Con ese crecimiento descontrolado llegaron a 2008 y vieron estallar la crisis económica. La asfixia financiera les obligó a dar un golpe de timón e invertir la tendencia. Pero desde entonces a esta parte, las diputaciones valencianas —las mismas que aumentaron en tres años hasta 42 millones de euros el gasto en salarios— sólo han sabido recortar diez millones de euros al pesado lastre del personal. De ese modo han llegado a 2011, año en que las tres diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana destinaron 168 millones de euros al personal propio, según datos del Ministerio de Hacienda extraídos de los presupuestos liquidados por las corporaciones provinciales.
Es la Diputación de Alicante la que bate todos los récords. Las nóminas de sus empleados públicos absorben casi un tercio de los ingresos anuales que recauda. La institución provincial que preside Luisa Pastor (PP) gasta 77,3 millones de euros en sueldos pagados con dinero público de los 260 millones que logra ingresar. Justo el 30 % de la recaudación.
Le sigue la Diputación de Castelló en porcentaje: los 26,6 millones de euros que gasta en personal la corporación de Javier Moliner (PP) representan el 21 % de sus ingresos totales. Y esa cifra ha pasado del 15 al 21 % en sólo cuatro años dada la constante e inexorable bajada de recaudación.
La Diputación de Valencia muestra un comportamiento más acorde con los tiempos modernos. Después de que Fernando Giner aumentara el gasto en personal en 17 millones de euros en sus últimos cinco años, hasta superar los 75 millones en el año 2007, el russisme desembarcó en el Palau de la Batlia y aplicó una política de adelgazamiento de personal con resultados visibles. Entre 2007 y 2011, bajo la presidencia de Alfonso Rus (PP), la Diputación de Valencia ha reducido los salarios: de 75,2 a 64,3 millones de euros.
Casi once millones de ahorro que reflejan la verdadera realidad: en los años de la crisis (2008-2011), Alicante ha subido el gasto en personal de 75,3 a 77,3 millones de euros; Castelló sólo ha ahorrado 309.000 euros con respecto a 2008; y ha sido Valencia la única corporación provincial que ha metido la tijera con esos once millones de euros de ahorro. Según la liquidación presupuestaria, la Diputación de Valencia gasta en personal el 14 % de sus ingresos.
El PP contra todos
El PP es el único partido valenciano que aboga por mantener las diputaciones. El socialista Ximo Puig ha proclamado este verano que el objetivo del PSPV respecto a las diputaciones es conseguir «su desaparición como horizonte de futuro». Compromís también ha avanzado en su discurso: aboga por liquidar las tres diputaciones y sustituirlas por nuevas governacions como «estructuras de gestión intermedia entre los municipios y la Generalitat». En Esquerra Unida consideran las diputaciones un «residuo del pasado». Hasta UPyD propone cerrar las corporaciones provinciales. Por el momento, en cambio, el personal sigue cobrando.
