El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha subrayado hoy que la sanidad "es un derecho, no una cuestión de beneficencia", y por tanto debe ser el servicio público el que "tiene que dar garantías a todos los ciudadanos".

El líder de los socialistas valencianos se ha referido así a las declaraciones que hizo ayer el conseller de Sanidad, Luis Rosado, quien señaló que deberían ser las organizaciones y entidades que se ocupan del bienestar social y de la beneficencia "las que asuman el coste de la asistencia sanitaria" recibida por los ciudadanos sin cobertura pública.

Según Puig, "ahora más que nunca, ante la enfermedad todos los ciudadanos tenemos que ser iguales y, por eso, vale la pena luchar", y por ello ha mostrado el apoyo de los socialistas "a todos los médicos y a todos los profesionales de la sanidad que actúen de una manera humanitaria y rigurosa con su deber profesional".

Para el dirigente socialista, las medidas que van a aplicar el gobierno central y el autonómico van a propiciar "un descontrol sanitario que no sólo va a afectar a los inmigrantes, sino que va a repercutir en todos los ciudadanos porque, por ejemplo, patologías infecciosas van a tener ahora un tratamiento mucho más dificultoso por la falta de control general".

Por otra parte, para la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, que ha solicitado la comparecencia de Rosado en Les Corts Valencianes, opina que la intención del Consell es delegar competencias para "eludir responsabilidades y aplazar deudas".

"Mientras que muchas comunidades autónomas en las que también gobierna el PP, como Castilla León, ya han anunciado que el derecho a la asistencia sanitaria sigue garantizado, el laboratorio de pruebas del PP ,que es la Comunitat, acatará sin dudarlo la normativa de Mariano Rajoy", ha criticado.

Asimismo, el diputado y portavoz adjunto de Esquerra Unida en Les Corts Ignacio Blanco ha lamentado también las intenciones del Consell, porque la sanidad pública es derecho universal que corre peligro de ser destruida por "una banda de racistas".

Para el diputado de izquierdas las ONG no están preparadas para asumir esta competencia, que supondría una "brutal exclusión social y marginación de los usuarios".