Rafael Blasco Castany sigue en el corredor de la muerte política tras consumir siete vidas como conseller con cuatro presidentes y dos partidos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dictó ayer un auto en el que se declara competente para asumir la investigación del presunto fraude en las ayudas a la cooperación concedidas por Blasco en la Conselleria de Solidaridad.
El TSJ no le cuelga la condición de imputado al exconseller pero lo sitúa en la misma puerta de alcanzar una condición judicial que equivale a la de apestado y conllevaría, en aplicación de la doctrina de Alberto Fabra, tener que dimitir de portavoz parlamentario, como dejó claro el expresidente el pasado 12 de junio. Deberá dimitir "efectivamente, si su imputación en el caso es efectiva". Son palabras textuales de Fabra tras reunirse en el Palau durante una hora con el hoy portavoz sin funciones y en estado de cuarentena hasta que se resuelva judicialmente el caso.
El TSJ resolvió ayer aceptar la causa que le fue trasladada por la titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, Nieves Molina, dada la condición de aforado del exconseller, por ser diputado en las Corts, y tras apreciar la instructora indicios de delito en la actuación de Blasco.
Molina considera que el extitular de Solidaridad participó de los beneficios "ilícitos" logrados por la trama orquestada para desviar ayudas al Tercer Mundo, indicó que conocía las "irregularidades". En vez de evitarlas, la jueza insistía en que cobró del entramado presuntamente corrupto que dirigía con el empresario Augusto César Tauroni, que sigue en prisión.
Cadena de delitos
Molina entiende y el TSJ asume que el todavía portavoz del PP en las Corts pudo haber cometido delitos de fraude en las subvenciones (artículo 308 del Código Penal), prevaricación, cohecho, tráfico de influencias (art. 429), malversación de caudales (art. 432) y falsedad documental (art. 392). La Sala de lo Civil y Penal del TSJ ha designado a la magistrada María Pía Calderón Cuadrado para que asuma la investigación.
Fuentes jurídicas consultadas indicaron a este diario que la aceptación de la causa significa en la práctica que tras la revisión de la instrucción llevada a cabo hasta la fecha , el TSJ considera que es bastante completa y el siguiente paso ha de ser tomarle declaración a Blasco en calidad de imputado, una actuación que solo puede acometer la nueva instructora designada por el máximo tribunal valenciano. Las mismas fuentes subrayan que carecería de toda lógica, aunque es jurídicamente posible, que tras haber aceptado ya asumir la causa se devolviera ahora al juzgado de Instrucción porque se entendiera que hay alguna actuación pendiente para confirmar plenamente la implicación del aforado. En el propio auto de cuatro hojas dictado ayer por el TSJ se hace constar que contra esta resolución no cabe recurso.
La jueza Nieves Molina derivó el asunto el 2 de julio tras relatar de forma pormenorizada, en un duro auto, la participación de Blasco en el presunto fraude de más de cuatro millones de euros no fue menor. Molina detalla el funcionamiento del entramado en el que Tauroni participaba a través de la Fundación Entrepueblos -que luego pasó a llamarse Hemisferio- o indirectamente vía ONG, que se presentaban a las convocatorias públicas de ayudas que otorgaba la conselleria gobernada por Rafael Blasco.
Tauroni contactaba con entidades con escasa infraestructura a las que se ofrecía para gestionarle la tramitación administrativa y técnica de los proyectos, cuya concesión estaba casi garantizada "al contar con el apoyo" de Blasco. El conseller, "le iba a favorecer en la aprobación de los proyectos que presentase", subrayó la jueza. Entre las entidades que se ubicaron en la órbita de esta gestión de fondos presuntamente ilegal figuran Ceiba, Esperanza sin Fronteras, Fudersa, Fundación Cyes, Asade o Asamanu.
Pago de comisiones
Tauroni creó, según la investigación, un entramado de empresas que facturaban como consultoras a estas ONG beneficiarias de las ayudas por servicios de gestión muy por encima del valor de mercado o que ni siquiera se prestaban. El dinero de Cooperación acababa así en la caja de la trama.
La jueza concluía en su auto que Blasco "recibió determinadas cantidades de dinero" de parte de Tauroni. Basaba estas conclusiones en la documentación que intervino en el domicilio del empresario en la que aparecía, junto a cifras supuestamente de pagos en metálico, iniciales como "RR", que se corresponderían con "Roger Rabit", que es como la trama se refería a Blasco, según la jueza.
