El exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón, imputado en el caso Nóos, ha pedido al juez de Palma José Castro que se inhiba en favor de un juez de Valencia en la parte de esta causa que investiga los contratos entre el Instituto Nóos e instituciones públicas de esa comunidad.
La defensa de Lobón ha planteado a Castro una cuestión de competencia para que sea un juzgado valenciano el que instruya los posibles delitos referidos a la Valencia Summit, una cumbre deportiva que organizó el Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin, durante tres años para el gobierno de la comunidad por un total de 3,1 millones de euros.
El abogado alega que el que se mantenga la tramitación de todo el caso Nóos en Palma constituye una vulneración del derecho de su defendido al juez predeterminado por la ley, que es el del lugar donde se cometieron los hechos presuntamente delictivos.
Recuerda que, si bien en algunos casos un solo juez lleva asuntos de diferentes regiones, ello se hace cuando existe entre los distintos hechos investigados una relación de "indivisibilidad" o "conexidad necesaria", cosa que no ocurre en este caso.
En los contratos de Nóos con las instituciones valencianas hay, según el letrado, lo que se califica como "conexidad de conveniencia", que a su juicio es además "débil".
Esto es, según el abogado Vicente Grima, por varios motivos. En primer lugar, alega que todo lo relativo a los convenios ha sucedido en Valencia y añade que el único vínculo de conexión entre los hechos de Valencia y los convenios de Nóos con el Govern balear es la intervención en ambos de empresas relacionadas con Urdangarin.
No existe, afirma el letrado, ningún otro vínculo de conexión, ya que el resto de personas que intervinieron en los hechos son diferentes, al igual que los supuestos perjudicados, y además los hechos no son simultáneos ni existe ningún enlace objetivo entre ellos.
El abogado también alega razones de "eficacia y economía procesal" para que un juzgado de Valencia se haga cargo de esta parte, ya que se simplificaría y agilizaría la tramitación procesal y las fuentes de prueba (imputados, testigos y documentación) se aproximarían físicamente al juez, evitando el desplazamiento a Palma de los implicados.
Este no es el primer intento para que Castro se inhiba a favor de otro juzgado o tribunal, después de que el pasado enero la Audiencia Nacional ya se pronunciara por dos veces en contra de asumir la competencia del caso Nóos, petición formulada por la defensa de Jaume Matas argumentando que la causa atañía a varias comunidades autónomas.
