El inspector de Trabajo que entregó el viernes la pericial sobre el ERE de RTVV conminó a la empresa a hacer pública la lista de personas que serán despedidas y la fecha en la que será efectiva la baja para evitar situaciones de «ansiedad» e «incertidumbre» por no saber en qué momento les llegará la hora. Sin embargo, si las intenciones de la dirección de Canal 9 se concretan tal cual habrá poco espacio para la especulación. Tras haber finalizado el período de entrega de currículums para que la empresa bareme y haga la criba —los sindicatos desconocen exactamente los criterios para tasar méritos—, la semana que viene empezarán a hacerse efectivos los despidos.
Entre cien y doscientos empleados dejarán RTVV este mismo mes y de 800 a 900 más en la segunda quince del próximo, de tal forma que cuando acabe octubre se habrá ejecutado más del 80% del ERE que afecta a 1.198 trabajadores del ente público y sus sociedades. Fuentes de la Generalitat indicaron que RTVV no tiene previsto hacer públicos los nombres de los afectados, a los que se les comunicará por carta que sus plazas son amortizadas.
La aprobación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se ha tramitado en paralelo a la puesta en marcha de un expediente sancionador que afecta a 54 empleados que el pasado 16 de julio protagonizaron, dos horas después de que la empresa comunicó el alcance de los despidos, la ocupación del plató de Canal 9 desde el que iba emitirse la primera edición del telediario. Entre esos 54 figuran 13 de los 23 miembros del comité de empresa que ha negociado el ERE. Todos ellos pertenecen a los cuatro sindicatos que no han aceptado firmar la iniciativa de reducción drástica de plantilla y liquidación de la empresa: Comisiones Obreras, Intersindical, UGT-PV y CGT. El plazo reglamentario para presentar un pliego de descargos contra la intención de la empresa de sancionar acabó ayer. Y la inmensa mayoría de los afectados ha alegado que ha prescrito el plazo previsto de 45 días para imponer una sanción.
Ahora es al director general, José López Jaraba, a quien corresponde proponer la pena que, como la empresa catalogó la falta como muy grave, puede consistir en dos meses de suspensión de empleo y sueldo, traslado forzoso o despido sin indemnización. Fuentes sindicales indicaron que es esta última posibilidad la que persigue la dirección de Canal 9 para castigar a los sindicatos que no han firmado el ERE y tener una coartada para intentar justificar la liquidación de esos miembros del comité y ahorrarse pagar la indemnización por el despido de los sancionados que estén contemplados en la reducción de empleo.
Sanción aparcada para negociar
El secretario general de RTVV, Juan Prefaci, comunicó al comité que el expediente sería aparcado para favorecer la negociación. Sin embargo, desde los sindicatos críticos subrayan que la negativa a firmar y el lanzamiento de huevos contra Jaraba a su salida del consejo de administración en el que se aprobó el ERE han llevado a la empresa a reactivar la iniciativa como medida de «represión».
Desde Intersindical recuerdan que el propio Jaraba ya intentó sancionar a 10 miembros del comité por «participar activamente» en una huelga no convocada de forma legal. El expediente permaneció vivo durante varios meses, coincidió incluso con el caso Sanz —acusado de acoso sexual a tres empleadas— y finalmente fue archivado por la empresa.
El ERE que se está tramitando en el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) también afecta a varios representantes de los trabajadores que, en algún caso, han presentado denuncia por persecución sindical.
