El Rectorado de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló solicitó ayer a la Conselleria de Gobernación la paralización de las sanciones administrativas que puedan derivarse a los estudiantes que participaron en los incidentes ocurridos en la inauguración del edificio "Espaitec II" el 10 de septiembre, ya que entiende que, si procede, éstas serán impuestas por la propia institución académica. De la veintena que lanzó huevos contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en un acto en la UJI, solo seis están matriculados en algún centro.

El rector, Vicent Climent, reiteró en un comunicado su condena a cualquier tipo de violencia e hizo un llamamiento a toda la comunidad universitaria a ejercer el derecho de protesta y crítica "desde el respeto y la manifestación pacífica de las ideas".

La UJI se pronunció así tras las indagaciones llevadas a cabo, como consecuencia del procedimiento informativo que abrió sobre los hechos ocurridos en el campus entre un grupo de manifestantes y agentes de la Policía que derivaron en una serie de daños materiales y personales.

El equipo rectoral ha recopilado información de la Conselleria de Gobernación de la Generalitat, de la Subdelegación del Gobierno, de los trabajadores del edificio de "Espaitec II", de los guardias de la seguridad privada del campus y de las asociaciones estudiantiles convocantes de la concentración.

Los responsables universitarios insisten en que no solicitó previamente al 10 de septiembre la presencia preventiva ese día de ningún agente de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado por entender que no era necesaria su intervención en este acto, y así lo hizo saber a la Subdelegación del Gobierno en Castelló.

A la vez, aclaró que la presencia de miembros de la Policía en el campus -concretamente de una unidad de la Policía Nacional adscrita a la Policía Autonómica- se debió al hecho de que venían acompañando, en su trabajo de escolta y seguridad, "como es habitual", al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra.