Dos primas, una sobrina y una esposa colocadas a dedo y alrededor de 150 contratados más en estos años sin pasar por ninguna prueba ni bolsa de trabajo y de forma ilegal, según sentencia. Para rematar el cuadro, nada menos que 52 personas -en torno al 25% de la plantilla- cobrando sin ocupar ninguno de los puestos de trabajo de la empresa que paga, que los cede ilegalmente a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social de la que depende. Es la radiografía del cúmulo de irregularidades e ilegalidades detectadas por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), la firma creada por el Consell para gestionar la valoración de solicitudes de personas dependientes.

Miles de ciudadanos con derecho a recibir esas prestaciones han fallecido sin que ni siquiera se les llegara a calificar su grado de dependencia por culpa del bloqueo de expedientes en una Avapsa en la que, a tenor de la denuncia de este sindicato, la eficiencia era francamente mejorable. Una empresa que ha funcionado más como agencia de colocación que de prestaciones sociales. Su director general, David Salvador Monfort, reconoció en un juzgado de lo social -donde declaró por el despido de un empleado- la cesión de empleados pagados por la empresa a las diversas sedes de la Conselleria de Bienestar Social, en el Paseo de la Alameda y en la Avenida Barón de Cárcer. También en la Calle Colón, según UGT. David Salvador no dio la cifra. Son 52 los presuntos encargados de trabajar para aplicar la Ley de Dependencia que están en otros menesteres. Entre ellos dos asesores de Joaquín Martínez, secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, al que estuvieron adscritos entre agosto de 2009 y junio de 2011.

David Salvador tampoco explicó que una prima suya fue contratada como valoradora de expedientes en Castelló, ni que una sobrina de Martínez fue colocada como jefa del departamento de compras de Avapsa. Una prima del secretario autonómico fue contratada como auxiliar administrativo porque carecía de titulación para un destino mejor remunerado. En la relación de parientes de altos cargos que han encontrado acomodo en la empresa encargada de las prestaciones sociales también figura la esposa del director general de proyectos estratégicos, Ignacio Ventura, quien conoce al director general de Avapsa porque ambos fueron asesores del exvicepresidente y exconseller de Economía Gerardo Camps.

La norma general para entrar en Avapsa ha sido la colocación a dedo. Una sentencia judicial del pasado mes de julio puso en solfa una forma de contratar que declaró ilegal. Por mucho que se rijan por normas del derecho privado, los tribunales entienden que su carácter de empresa pública no le exime de aplicar los principios de mérito, capacidad, libre concurrencia y publicidad.

Sueldo de regalo para

un delegado del Consell

y un subdelegado

En el censo de colocados en Avapsa hay exempleados que han pasado a ser cargos más ilustres. Como el delegado del Consell en Alicante y exvicepresidente del consejo de administración de RTVV, Juan de Dios Navarro, y el subdelegado del Gobierno en Castelló, David Barelles. Uno y otro tuvieron la cobertura económica la empresa de la dependencia. Navarro compaginó durante un tiempo las dietas como consejero de RTVV con la nómina de Avapsa, donde fue contratado como técnico en marzo de 2009 y permaneció hasta mayo de 2010. Desde FSP-UGT, Isabel Vicente, denuncia que nunca se acreditó que tuviera la titulación. Sí, en cambio, que allí "no prestaba ningún servicio en apariencia". Es más, el propio director general, David Salvador, "le recogía las nóminas para entregárselas en mano".