Hacienda detecta que Medio Ambiente sustituye ilegalmente funcionarios por empleados de Vaersa

La fiscalización de las relaciones entre la empresa pública y la conselleria resulta demoledor. «Los órganos gestores [de Medio Ambiente] utilizan de forma inadecuada la técnica de la encomienda [a Vaersa] para cumplir sus objetivos. Se llegan a encomendar funciones que deberían desempeñar funcionarios ya que implican la función directa o indirecta de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales».

La «policía económica» de Hacienda ha revisado 15 de los 110 expedientes que la Conselleria de Medio Ambiente encomendó a Vaersa durante 2011, con un coste de 12,6 millones de euros. El análisis revela que «el 40% de las encomiendas presenta pliegos de prescripciones técnicas con funciones que deben ser desempeñadas por personal técnico funcionario». Y cita tres ejemplos concretos: «los estudios previos al decreto de control y vigilancia de las instalaciones contaminadoras de la atmósfera y asesoramiento en las autorizaciones de emisión de gases de efectos invernadero; la redacción de normas sobre el tratamiento de residuos y supervisión de requisitos de las entidades colaboradoras en calidad ambiental; y la elaboración y seguimiento de la tramitación de las normas de gestión de los espacios de la Red Natura 2000».

Encomiendas sin justificación

Hacienda recuerda, además, que la figura de la encomienda en la administración pública «tiene carácter excepcional y debe estar justificado e implicar realmente algún tipo de valor añadido». Sin embargo, en las relaciones entre la Conselleria de Medio Ambiente y Vaersa «la totalidad de las encomiendas muestreadas carecen de una justificación suficiente o adecuada que demuestre la idoneidad del instrumento utilizado».

Pero esta práctica es tan habitual que cuatro direcciones generales de Territorio y Medio Ambiente se nutren básicamente de personal de Vaersa para su trabajo diario ya que trabajan 158 funcionarios frente a 579 empleados de la empresa pública (que representan el 79% del personal asignado a estos centros directivos). En la dirección general de Medio Natural existían 45 funcionarios frente a 459 empleados de Vaersa; en Calidad Ambiental la proporción era de 48 funcionarios frente a 72 trabajadores de la empresa pública; sólo en Evaluación Ambiental y Territorial la proporción es menor 48 funcionarios frente a 32 empleados y en la subdirección general de Ordenación, Planificación y actuaciones territoriales estratégicas 17 frente a 16.

Contrataciones a dedo y sin criterio

«La selección de un trabajador debería realizarse mediante los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», advierte el viceinterventor general de control financiero. Vaersa no cumple con ninguno, según Hacienda. En ningún expediente de contratación laboral existen «criterios objetivos con los que baremar los méritos y capacidad de los candidatos» por lo que se desconoce qué méritos tenían los elegidos respecto a los descartados. Y el que llega, se queda, según detecta el interventor, pese a que «en cada encomienda [de la conselleria] se debería valorar nuevamente la capacidad y los méritos requeridos del nuevo puesto de trabajo».

En 2011, Vaersa lanzó 25 ofertas de trabajo y algunas de ellas se publicaron en la «intraweb» de la empresa «a la que sólo tienen acceso los antiguos trabajadores de la empresa por lo que se incumple con el principio de publicidad que debe regir la selección de personal», además de ser una decisión «arbitraria».

Además, en cinco de estos 25 puestos de trabajo ofertados en 2011 «el único aspecto a valorar era la antiguedad», una práctica que puede ser inconstitucional, advierte el interventor. Incluso el fiscalizador descubre la paradoja de que «trabajadores que han sido indemnizados tras un despido se han vuelto a contratar en un plazo breve de tiempo», lo que revela el descontrol en la selección de personal que existe en Vaersa.

«Es la prueba de la trama de colocación montada por el PP»

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, asegura a Levante-EMV que el informe de la «policía económica» de la Conselleria de Hacienda «deja al descubierto la trama de colocación de personal afín que tiene montada el PP en las empresas públicas». «Desde Compromís vamos a reclamar la comparecencia inmediata en las Corts de la consellera de Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, para que dé explicaciones sobre la nefasta gestión de los recursos públicos que revela este informe, un escándalo de corrupción, con enchufismo y desvío de fondos públicos que lamentablemente no es una excepción dentro del entramado de empresas públicas y fundaciones que tiene montado el gobierno del PP desde hace años», aseveró Oltra.

Al intento de evitar a los funcionarios porque su contratación es pública, el interventor señala más irregularidades en el uso de Vaersa como empresa para «colocar», ya que, según el informe, la mayoría de personal que entra en la firma pública no está sujeto a lo establecido en la legislación vigente. Para la portavoz adjunta de Compromís esto significa que estas personas «son enchufados a dedo» y que, además, «el 75% de todos ellos acaban trabajando en dependencias de la Generalitat y no en Vaersa». L. B. valencia

«Un documento demoledor que revela una gestión nefasta»

«Es un documento demoledor, elaborado por una fuente neutra y cualificada que denuncia el uso indebido de los recursos públicos y una gestión nefasta», denuncia el diputado de Esquerra Unida en las Corts, LLuís Torró, sobre el Informe de Fiscalización de las encomiendas de gestión suscritas entre la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente y Vaersa. Torró exige que la consellera Isabel Bonig «dé explicaciones no sólo de este informe sino de la última auditoria realizada a Vaersa y en los que se demuestra que Vaersa no cumple en sus encomiendas y contratos con los principios de transparencia». Para el diputado de izquierdas, es muy grave que la Generalitat «utilice una empresa pública para encargarle tareas que deberían estar realizando los empleados de las propias.

administraciones: el 76% del personal de las encomiendas de Vaersa está en dependencias de la Conselleria de Medio Ambiente. Son encomiendas indebidas porque deberían ser excepcionales pero no lo son». Torró lamenta, además, que en algunos casos se llegue al 91% de trabajadores de Vaersa trabajando para una dirección general, como la del Medio Natural, lo que supone «un riesgo de condena por cesión ilegal de trabajadores, como ha determinado tres sentencias en contra de la Generalitat». l. b. valencia