La investigación de la supuesta malversación de ayudas de cooperación internacional de la Generalitat entre 2008 y 2011 arranca en octubre de 2010 a raíz de unas denuncias, y tiene como fechas más destacadas las siguientes:

- Octubre de 2010: La diputada autonómica Clara Tirado, del PSPV-PSOE, denuncia ante la Fiscalía la adjudicación en 2008 a una fundación de unos proyectos para Nicaragua por cerca de dos millones de euros, de los que sólo 70.000 euros se habrían destinado a ese fin y el resto, a la compra de dos pisos en Valencia.

La diputada de Compromís Mireia Mollà denuncia una "trama" para desviar fondos públicos cuyo centro sería la Fundación Hemisferio. Según Mollà, la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida entonces por Rafael Blasco -posteriormente portavoz del PP en Les Corts-, daba directrices a las ONG que optaban a las ayudas de cooperación internacional para que aceptaran su asesoramiento y pagaran sus informes si querían obtener las subvenciones.

Una de las organizaciones vinculadas a la trama resultó adjudicataria de la construcción de un hospital en Haití por cuatro millones de euros para los damnificados del terremoto de 2010, proyecto que se paralizó por falta de fondos sin que se conozca cuánto dinero ha recibido.

- Mayo de 2011: el fiscal anticorrupción de Valencia denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 21 las supuestas irregularidades sobre las ayudas de cooperación, cuya titular, Nieves Molina, abre una investigación, que no trasciende hasta que nueve meses después se producen las primeras detenciones.

- 23 de febrero de 2012: La Policía detiene a catorce personas, entre ellas el director general de Cooperación, Josep Maria Felip. El subsecretario de Sanidad, Alexandre Català, resulta imputado.

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, anuncia la destitución de ambos y la personación de la Generalitat en la causa.

- 24 de febrero: La instructora del caso inicia la toma de declaración a los catorce detenidos.

El Consell anuncia que abrirá expedientes disciplinarios si funcionarios públicos resultan imputados.

- 26 de febrero: La juez finaliza las declaraciones de los detenidos y ordena la prisión provisional para uno de ellos, el empresario responsable de la Fundación Hemisferio, Augusto César Tauroni, y libertad provisional para el resto, con medidas cautelares.

- 27 de febrero: Detenida la exjefa del Servicio de Gestión de Programas de Cooperación de la Conselleria de Solidaridad Dolores Escandell -que eleva a quince el número los arrestados-, quien queda imputada tras ser puesta en libertad.

- 28 de febrero: El portavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, pide ser "escrupulosos" en las decisiones que se toman sobre personas imputadas y recuerda que si Alberto Fabra hubiera dimitido cuando fue imputado siendo alcalde de Castellón, ahora no ocuparía la presidencia de la Generalitat.

- 29 de febrero: Fabra asegura que confía en Blasco y se muestra convencido de que no se le imputará en el caso.

- 1 de marzo: La Generalitat ordena la revisión de todos los expedientes sobre cooperación que hayan sido objeto de subvenciones por parte de la Administración autonómica.

- 2 de marzo: El número de imputados asciende a diecinueve. El juzgado dicta una requisitoria para localizar a dos de ellos.

El Consell anuncia que no volverá a adjudicar proyectos a las entidades investigadas, y abre expediente a un funcionario imputado.

El Mundo publica que los investigadores policiales atribuyeron a Blasco el seudónimo "Roger Rabbit".

- 22 de marzo: El pleno del Consell autoriza a la Abogacía de la Generalitat a personarse como acción particular en las diligencias previas que se siguen en esta causa.

- 17 abril: El nuevo portavoz socialista en Les Corts, Antonio Torres, confirma que el PSPV-PSOE se personará en la investigación del fraude en las ayudas a la cooperación internacional.

- 17 de mayo: La instructora del caso levanta el secreto de sumario. Hay veintidós imputados, a tres de las cuales no se les ha podido tomar declaración.

Seis de los imputados son cargos en la Administración y catorce están relacionados con distintas ONG. Se ha tomado declaración a diecinueve testigos.

- 23 de mayo: La oposición exige la destitución inmediata de Blasco, después de que las conversaciones del sumario publicadas revelen una estrecha relación entre el exconseller y el supuesto cabecilla de esta trama, Augusto César Tauroni.

Blasco recuerda que no está imputado y denuncia una "cacería".

- 24 de mayo: Fabra pide que se respete la presunción de inocencia.

- 31 de mayo: El TSJCV solicita un juez de refuerzo para el Juzgado que instruye el caso para que su titular pueda concentrarse en una causa "enormemente voluminosa y de muy compleja documentación".

- 7 de junio: detenidos cinco administradores de empresas relacionados con la supuesta trama, quienes quedan en libertad provisional tras ser imputados (veintisiete ya en total).

Fabra anuncia que las ONG inmersas en este proceso judicial dejarán de cobrar la subvención hasta que se dirima la causa.

- 12 junio: El juzgado que investiga la supuesta trama ve indicios para "imputar hechos de naturaleza delictiva" al exconseller Blasco y pide a Les Corts que acrediten su condición de diputado y a la Fiscalía que se pronuncie sobre la procedencia de elevar la causa a TSJCV.

El president Fabra anuncia tras reunirse con Blasco que este dejará la portavocía cuando sea "efectiva" su imputación.

- 13 junio: Blasco presenta un escrito a la Mesa de Les Corts en el que comunica que renuncia "temporalmente" a las "responsabilidades y funciones del cargo" de portavoz del grupo popular, que pasa a ejercer el viceportavoz, Rafael Maluenda.

- 18 jun: Llega a Les Corts la petición del juzgado de que acrediten si Blasco es diputado autonómico.

- 22 junio: La Fiscalía pide imputar a Blasco en la causa, al considerar que existen "fundados indicios" de su participación en los hechos investigados y la posible comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

- 29 junio: El Consell anuncia que no hará públicas las conclusiones de la comisión creada para revisar las subvenciones de cooperación al desarrollo que investiga un juzgado de Valencia, para "no interferir en la labor de la justicia".

- 3 julio: La jueza que investiga la causa ve indicios de delito en la actuación de Blasco y remite el caso al TSJCV.

- 5 julio: La sala de lo Civil y Penal del TSJCV designa a la magistrada María Pía Calderón como ponente de causa.

- 3 agosto: La Abogacía de la Generalitat pide que la declaración de Blasco se produzca ante el TSJCV, al ser diputado autonómico, para poder "explicarse con todas las garantías procesales".

- 5 septiembre: El TSJCV se declara competente para investigar el caso, cuya instructora será María Pía Calderón.

- 2 octubre: El TSJCV imputa a Blasco y le cita de declarar el 18 de octubre