El portavoz adjunto de EU en las Corts Ignacio Blanco acusó ayer al Consell de haber "abusado" de la contratación externa de servicios jurídicos para dar "negocio a sus amigos, que conforman una oligarquía de despachos privados financiados generosamente con fondos públicos, a cambio de informes favorables a los intereses del PP". A su juicio, teniendo recursos propios, sólo hay dos razones que explican que el Consell recurra a abogados privados: Una, "favorecer a una serie de empresas, alguna de las cuales, como Broseta, está incluso dirigida por el hermano del número dos de la Conselleria de Economía, y dos, que se buscan informes favorables, como pude comprobar personalmente en el caso de las Torres de Calatrava".
Blanco contrapuso este informe al que hizo la Abogacía de la Generalitat, y que tenía carácter preceptivo, contrario al primer modelo de gestión compartida en Sanidad con la iniciativa privada. Los abogados públicos le tumbaron al Consell la tentativa. También Vaersa recurrió hace días a un bufete para "amenazar" al sindicato CGT por la difusión de unos incentivos irregulares percibidos por los directivos de la firma pública. ¿Habrían hecho ese papel los abogados de la Generalitat? Seguro que no.
Para Blanco, la externalización es "un derroche de los recursos públicos. Es injustificable, no sólo que no se aprovechen los recursos que ya tiene la Generalitat, sino que los contratos sean casi siempre con cuatro o cinco empresas".
