El Consell ha gastado 11,6 millones desde 2006 en bufetes privados pese a tener abogados propios

JUANJO GARCÍA GÓMEZ, VALENCIA El Consell y sus empresas, organismos y fundaciones se han gastado en los últimos seis años y nueve meses la friolera de 11,6 millones en 507 informes encargados a despachos privados de abogados, según la información por escrito remitida por el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, José Císcar, al portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts, Ignacio Blanco. El parlamentario solicitó la documentación sobre el desembolso realizado por el Ejecutivo en abogados particulares desde 2006, ejercicio en que se puso en marcha la Abogacía General de la Generalitat, que ya le supone al Consell un gasto anual de 7 millones y cuenta con una plantilla de 134 funcionarios, de los que 80 son abogados.

Tal como informó Levante-EMV, uno de los despachos, Broseta Abogados, dirigido por Manuel Broseta, hermano del actual número dos de la Conselleria de Economía, Bruno Broseta, logró entre 2005 y 2011 un total de 91 contratos por importe de 2.427.5212 euros. De este modo, aproximadamente la quinta parte de los contratos de asistencia jurídica y prestación de servicios se los llevó esta firma, que tuvo hilo directo con el Gobierno de Eduardo Zaplana y, sobre todo, con el de Francisco Camps.

Según la documentación oficial, la Generalitat gastó 11.619.746 euros en asistencia jurídica externa desde 2006 hasta septiembre pasado, a una media de 1,7 millones por año. De total, 2.446.835 euros y 89 contratos corresponden a los encargos realizados por las conselleries y los restantes 9.172.911 euros y 418 informes, a las empresas públicas, entes y fundaciones. Cuatro conselleries echaron mano de los abogados privados. Infraestructuras, con 48 contratos, absorbe más de la mitad; seguida de Justicia y Bienestar Social, con 35; Presidencia, con 3; y Hacienda y Administración Pública, con otros tres.

En cuanto al sector público, el Instituto Valenciano de Finanzas se lleva la palma, con 65 encargos a despachos de abogados; seguido de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Recursos (Vaersa), con 42; y Ciegsa, 41. A continuación, aparecen, con 25, la empresa pública Sepiva y la Fundación Instituto Portuario. No es la única fundación pública que tiró de abogados particulares: También lo hicieron la Fundación para la Calidad Agroalimentaria (17), el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (8), la Universidad Internacional de Valencia (4), la Fundación Valenciana de Calidad (1) y la Fundación para la Calidad de la Educación (1). En total, seis fundaciones del Consell.

El aeropuerto sin aviones, 14
Respecto al resto del sector público, con 18 contrataciones figuran el IVEX y el Ente Gestor de la Red de Transportes; con 17, Proyecto Cultural de Castelló; con 16, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales; y con 14, RTVV-TVV, Ciudad de la Luz, Aeropuerto de Castelló, Circuito del Motor y el Consell de l'Esport. El Centro Superior de Investigación Pública, con 13; Teatres, con 11; y el Instituto Valenciano del Audiovisual y la Ciutat de les Arts, con 7, prosiguen un listado que incluye también el Palau de les Arts, Proyectos Temáticos y la secretaría autonómica de Turismo y Proyectos Estratégicos, todas ellas con uno.

Los encargos se producen pese a que muchos de estos entes del sector público tienen convenios con la Abogacía de la Generalitat para que ésta les elabore los informes. Por ley, la Abogacía trabaja para las conselleries que, previo informe, también pueden echar mano de letrados privados, como así ha ocurrido. El Consell de Fabra, con todo, ha decidido poner coto a este gasto y, a través de los presupuestos de 2013 modificará la ley de Asistencia Jurídica para que la Abogacía se ocupe también del sector público y sólo excepcionalmente pueda contratar abogados externos. En 2012 se aprecia una caída drástica de este gasto en las conselleries, que pasa de los 341.087 euros de 2011 a 86.990 euros hasta septiembre de este año.