La manifestación de estudiantes universitarios provocó, al mediodía de ayer, un caos circulatorio absoluto en Valencia cuando los participantes, muchos de la organización 15M, decidieron variar parte del recorrido inicial y continuar la protesta por otros derroteros durante cinco horas. La mayoría de consignas se referían a la defensa de la enseñanza pública de calidad y al rechazo a la política del Partido Popular y del ministro de Educación, José Ignacio Wert, así como contra la "corrupción" y la "mercantilización" de la institución académica por la presencia de empresarios. La protesta de la tarde, con los padres de alumnos a la cabeza, fue familiar, animada y tranquila, además de multitudinaria: unas 20.000 personas.

La mañana, en la tercera jornada de huelga estudiantil en España, comenzó con disturbios a las 8 horas en la Avinguda dels Tarongers cuando un grupo de jóvenes cortó la línea del tranvía con una sentada sobre sus vías y quemar dos contenedores, lo que provocó retenciones en el acceso norte. Esta primera movilización se saldó con un herido y un detenido por no apartarse al pasar una ambulancia.

Previamente, medio centenar de jóvenes habían pernoctado en la Facultad de Derecho. Se dio la paradoja de que a sus puertas se encontraban un piquete de alumnos de extrema derecha con banderas españolas y otro con cuatribarradas, sin ocurrir altercado. En las primeras franjas horarias, se suspendieron algunas clases y en Geografía e Historia, en Blasco Ibañez, estaba cerrada a cal y canto. En el resto de la jornada, la actividad transcurrió con normalidad, con poca incidencia de paro entre el personal docente y el de servicios y "sin incidentes graves", subrayaron desde el rectorado.

La marcha estudiantil, encabezada por una pancarta con el lema "Defensa de la pública. Universidad para todos", partió a las 12.30 horas, de Geografía, precedida de varios coches de la Policía Nacional y local que abrían el paso. Convocada por la Assemblea Interuniversitaria, a través de la sedes sociales, su portavoz Pau Belda (alumno de cuarto de economía) explicó que "ésta es nuestra particular apertura de curso. La consigna es la de que sea una protesta pacífica -en relación a los incidentes-. Somos solidarios con los todos los sectores que también está sufriendo los recortes".

"El aumento del precio de la tasas, la reducción de becas, el empeoramiento de la calidad educativa por el aumento de alumnos por aula" son algunas reivindicaciones.

Nada más comenzar la marcha, se modificó el recorrido a su paso por el rectorado y, frente a Viveros, otros desde un balcón sacaron banderas españolas. Durante más de cinco horas anduvieron de punta a punta de la ciudad. Así, fueron a la casa de la alcaldesa, realizaron una sentada en el Tribunal Superior de Justicia donde declaraba el exconseller y gritaron contra la corrupción: "El dinero de Blasco para la educación"; llegaron al Palau de la Generalitat y clamaron "Esto nos pasa con un Gobierno facha", y de allí a la sede el PP, cortaron Fernando el Católico a las 14.30 horas, fueron a las calles Xàtiva (instituto Lluís Vives), y Colón (Delegación del Gobierno) y otra vez a Blasco Ibañez.

Más tranquila y concurrida fue la manifestación de la tarde, convocada por la Confederación de Padres de Alumnos GonzaloAnaya y el Sindicato de Estudiantes, también apoyada por la Plataforma por la Escuela Pública y los grupos de la oposición en las Corts.

La UPV condena los actos de violencia

El rectorado de la Universitat Politècnica de València se mostró ayer "radicalmente en contra de cualquier acto de violencia", en relación a los altercados estudiantiles de primera hora en Tarongers. "Los límites están muy claros" y entre ellos está bloquear calles o quemar contenedores, expresó un portavoz a preguntas de Levante-EMV.

En la Universitat de València, su rectorado destacó que "no se ha producido ningún ataque a la integridad física en el recinto universitario; por tanto, se considera que ha transcurrido dentro de los cauces de una jornada reivindicativa".

Mientras, la incidencia de la huelga fue del 75 %, según la Confederación de Padres Gonzalo Anaya, que convocó, y del 21 %, según la Conselleria de Educación.