La presidenta del PP catalán y candidata a la Generalitat de Catalunya en las elecciones autonómicas del 25 de noviembre, Alícia Sánchez-Camacho, advirtió ayer de que el proyecto del arco Mediterráneo, que incluye infraestructuras como el corredor de ferrocarril, "quedará bloqueado por el objetivo de CiU de poner fronteras".
En el acto de presentación de Rafael Luna como cabeza de lista del PP en Tarragona, Sánchez-Camacho ha censurado que "la hoja de ruta convergente quiere convertir a los hermanos valencianos y aragoneses en extranjeros". "Nueve siglos de historia compartida -entre catalanes, aragoneses y valencianos- no se pueden romper por la apuesta por la división y la separación de Mas", ha sentenciado.
"Los hermanos valencianos"
Sánchez-Camacho ha sostenido que la agenda de CiU prevé "construir aduanas en la carretera N-340 y en la autopista AP7 entre Alcanar (Tarragona) y Vinaròs , un hecho que ninguna persona sensata puede compartir". En este sentido, ha avisado de que la apuesta independentista pone en peligro proyectos como la inversión de 100 millones para el desdoblamiento de los 41 kilómetros de vía única entre Vandellós-Tarragona, uno de los grandes cuellos de botella del Corredor Mediterráneo.
No es la primera vez que la propuesta soberanista de Artur Mas se convierte en un argumento en contra del Corredor Mediterráneo de transporte de mercancías por ferrocarril. Tras la multitudinaria manifestación independentista del 11 de septiembre en Barcelona y la reivindicación de Mas de que Cataluña tenga un Estado propio, el alcalde del municipio oscense de Canfranc, el socialista Fernando Sánchez Morales (PSOE), envió una carta a la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi (PP), en la que le pide que medie con el Gobierno para que ante que el separatismo catalán se apueste por la Travesía Central --el eje Algeciras-Madrid-Zaragoza-Canfranc -en vez del Corredor Mediterráneo.
Sánchez Morales argumentaba en la misiva que el Gobierno "debe priorizar el túnel de Canfranc tras la voluntad de Cataluña de crear un Estado propio". "El Ejecutivo central debe de invertir en aquellas regiones donde sus fuerzas políticas mayoritarias no defiendan la independencia, como ocurre en Aragón, que es una autonomía plenamente integrada en España", añadía.
