La Audiencia de Palma ha dictado un auto donde postula que existen indicios delictivos en los contratos que el Govern de la Generalitat de Francisco Camps firmó, entre 2004 y 2008, con el Instituto Nóos, liderado por Iñaki Urdangarin. Los investigadores del caso Palma Arena se están planteando solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el interrogatorio, en calidad de imputado, de Francisco Camps, presidente de la Generalitat cuando se firmaron los convenios con Nóos.

El auto ha sido dictado por la sala segunda de la Audiencia de Palma y se deriva de un recurso formulado por Luis Lobón, un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana que intervino en los contactos y negociaciones para que el Instituto Nóos recibiese más de cuatro millones de fondos públicos. Nóos, dirigido por los imputados Iñaki Urdangarin y Diego Torres, firmó con la entidad pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) unos convenios para organizar tres ediciones de los Valencia Summits, unos foros dedicados al turismo y al deporte.

Los investigadores de la pieza separada 25 del caso Palma Arena presumen que el Govern de Camps adjudicó a dedo esos contratos, incumpliendo la normativa legal. También, y al igual que lo ocurrido en Palma, se sospecha que Urdangarin consiguió hilo directo con los mandatarios de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia (presidido por Rita Barberá), que se vieron forzados a concederle todo lo que pedía, por tratarse de un miembro de la familia real.

Lobón recurrió ante la Audiencia su imputación, al estimar que era improcedente. La Audiencia desestima el recurso del exsecretario de grandes eventos y ratifica la existencia de indicios delictivos en aquellas operaciones.

Según el tribunal, la contratación de Urdangarin por la Generalitat "se verificó, según parece, ajena a todo procedimiento de concurso". Además, "el contrato ni siquiera fue elaborado por Cacsa, ni fue fruto de una negociación [entre el duque de Palma y el Consell], ya que habría sido redactado por el propio Instituto Nóos". De acuerdo con el tribunal, Nóos trasladó su contrato a Cacsa, quien le dio forma administrativa.

Las pesquisas han tratado de esclarecer quién dio las órdenes de carta blanca para Nóos en Valencia y en Palma. Ya hay varios altos cargos de la Generalitat imputados, entre ellos los superiores de Lobón. Camps podría tener que declarar como imputado, y es aforado por ser parlamentario.