La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló ha confirmado un auto del juzgado de instrucción número 3 que acordó el sobreseimiento de las actuaciones llevadas a cabo para investigar la denuncia interpuesta por una jueza por presuntas coacciones y amenazas de un representante sindical que manifestó en los medios de comunicación su disconformidad con una sentencia y anunció su intención de recurrirla. Además, la sala obliga a la juez a pagar las costas.
La que fuera magistrada, que actualmente ejerce en Valencia, aseguraba que el 26 de octubre de 2011 aparecieron publicadas unas manifestaciones por parte de un representante sindical que consideró que tenían finalidad de coaccionarla y amenazarla "para alterar el sentido de sus sentencias". La Audiencia estima que no se considera que las afirmaciones del denunciado y el propósito de estudiar la posibilidad de formular queja en el CGPJ puedan ser constitutivas de amenazas, "ya que se trata del anuncio, entre manifestaciones amparadas por la libertad de expresión en un asunto de relevancia pública".
