El presidente del PP en la provincia de Alicante y vicepresidente del Consell descartó ayer un posible adelanto electoral en la Comunitat Valenciana tras los buenos resultados obtenidos por el PP en Galicia. Según el vicepresidente esta opción "causaría un perjuicio enorme". Ahora bien, Císcar admitió que la marca PP ha sufrido un desgaste. Es más, consideró que el partido "posiblemente esté en el peor momento" debido al desgaste evidente, causado por el actual escenario de crisis económica". "Es un proceso de desgaste necesario, pero está demostrado que desgasta más no hacer nada", añadió, en alusión a la derrota del PSOE en las últimas elecciones generales. Císcar verbalizó ayer una situación que está en boca de la mayoría de los dirigentes populares, si bien la desmoralización que afecta a los populares valencianos se ha frenado en seco con los buenos resultados de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, el espejo en el que Fabra quiere verse reflejado.

Según Císcar, "estamos en un momento clave, esencial, de la crisis económica, en el que convocar ahora unas elecciones autonómicas no sería responsable", dado que esta medida traería "más inconvenientes que ventajas". Y añadió: "Lo que la Comunidad Valenciana necesita es que la Generalitat pague". En una situación "tan delicada para la Comunidad Valenciana el PP no va a tomar decisiones pensando en la ventaja electoral". El vicepresidente del Consell marcó diferencias con las elecciones celebradas en Galicia y en el País Vasco, donde, apuntó, el adelanto electoral se produjo cuando quedaba muy poco para el final de la legislatura. Por ello, insistió en que en 2015, en una fecha para la que "queda muchísimo tiempo", habrá qué "ver qué pasa". Al respecto, ha recordado que "todos los ciclos tienen un final" y admitió que "en algún momento de la historia aquí gobernará otro gobierno".

Por otro lado, el vicepresidente, de visita ayer en Alicante, avisó de que no habrá sitio para los imputados en las listas electorales de 2015. Indicó que su dirección no permitirá que personas con autos judiciales sean candidatos electorales, con lo que, apostilló, se seguirá la "máxima" del jefe de los populares valencianos, Alberto Fabra. La medida busca evitar situaciones como la que en la actualidad tiene que afrontar la dirección popular con diez diputados imputados por distintos casos de corrupción. Algunos de ellos, como es el caso de Sonia Castedo, tienen además cargos de relieve; en este caso la alcaldía de Alicante. En un encuentro con periodistas, el líder del PP en Alicante matizó que su cargo de presidente no le concede ninguna ventaja para aspirar a la alcaldía, un cargo en el que la cúpula popular ya ve amortizada a Castedo.

La decisión de no incluir imputados en la listas, algo que sí permitió el expresidente Francisco Camps, supone un paso más en el objetivo de Fabra de limpiar el partido de escándalos judiciales. De momento, el PP ha apartado a los diputados investigados por la Justicia de los cargos de responsabilidad, una decisión que ha generado malestar entre los afectados y entre un sector del partido que considera que este tipo de decisiones supone dar la espalda a los propios.