El exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP Pedro Hernández Mateo se escudó ayer en un técnico muerto para defenderse en el juicio de las acusaciones de prevaricación y falsedad documental por las que la Fiscalía pide que sea condenado a 3 años de cárcel y a 21 años de inhabilitación. Hernández Mateo responsabilizó a un aparejador municipal fallecido del informe en el que se basó la presunta adjudicación irregular en 2004 de la contrata de basuras deTorrevieja durante 10 años por un importe de 98 millones de euros. A la vista de su estrategia de defensa, el fiscal pidió a la sala la lectura que prestó el técnico en un juzgado de Torrevieja en 2009. La lectura de la declaración dejó en evidencia al exalcalde ya que el aparejador aseguró que no tuvo nada que ver con la consulta a un bufete de abogados vinculado a la empresa que finalmente obtuvo la contrata de basuras.
El alcalde está acusado por adjudicar por 12.000 euros la petición del informe al despacho de abogados y por ocultar esa información a la mesa de contratación y a la junta de gobierno. Los trámites para la adjudicación de la contrata de basuras se iniciaron en 2003. Hernández Mateo explicó a la sala que en las primeras mesas de contratación no se optó por ninguna de las empresas. El problema es que la secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja, el interventor y dos arquitectos que formaban parte de la mesa de contratación informaron de que el concurso debía quedar desierto. El único que informó a favor fue el aparejador fallecido, que además „según las acusaciones„ tenía un familiar trabajando en la empresa que se hizo con la contrata.
El exalcalde aseguró que pidió el informe externo porque necesitaba que le aclararan las ideas ante las discrepancias de los técnicos del ayuntamiento. «Yo no soy técnico ni jurista», advirtió. Hernández Mateo reconoció que no es una situación habitual. «No recuerdo en mis 23 años como alcalde haber tenido que pedir asesoramiento externo» en alguna otra ocasión, añadió.
Hernández Mateo firmó un decreto en que el se aseguraba que se habían consultado a tres despachos de abogados, antes de seleccionar al que finalmente elaboró el informe. Sin embargo, la investigación reveló que realmente solo se consultó al despacho vinculado a la empresa que finalmente obtuvo la contrata. El fiscal considera que el diputado autonómico presuntamente cometió el delito de falsedad documental por firmar ese decreto.
El exalcalde afirmó que el documento lo redactó una funcionaria del departamento de contratación y que descubrió que no se había consultado a otras dos firmas de abogados cuando declaró en el TSJ en la fase de instrucción. «Yo firmaba todo lo que me pasaban y pensaba: "Qué bien va esto". Nunca he sabido si se habían consultado a otros despachos».
El fiscal también acusa al diputado autonómico de un doble delito de prevaricación por ocultar a la mesa de contratación y a la junta de gobierno que solo se consultó al despacho de abogados vinculado con la firma que logró la contrata. La acusación particular, que ejerce el letrado Ignacio Gally en nombre de Los Verdes, reclama una condena de 4 años de cárcel y 10 años de inhabilitación.
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, señaló que a Hernández Mateo se le aplicarán los estatutos del PP, que establecen la expulsión del partido en caso de condena. Císcar insistió en que «no está condenado» y hay que respetar la presunción de inocencia.
