Una de las cosas que más preocupa son los desahucios por las hipotecas. Algunas personas se han suicidado por este motivo, lo que ha provocado que un grupo de jueces haya presentado un informe para reformar la ley. Sin embargo, el Consejo no lo ve vinculante...

La cuestión no es si es vinculante o no. El tema es que al pleno se dio cuenta de un informe sobre medidas para agilizar los procedimientos civiles, y a ese informe se le incorporó un anexo que venía a referirse a la problemática derivada del incremento de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios. Este anexo no era más que una reflexión de 3 ó 4 folios que en su día ya proponía el Defensor del Pueblo. O sea, no se llevó un informe de medidas para mejorar los procedimientos en materia de desahucios sino que se trajo un anexo que venía a ser una especie de reflexión para iniciar el debate. El Consejo ni aprueba ni rechaza, el Consejo no lo asume porque no fue un informe expresamente encargado por él para someterlo al pleno. Por tanto no hubo debate y por supuesto no se asumió. No es cuestión de que no se comparta, es que no se entra en el fondo del asunto.

No obstante, al ciudadano le choca que a una persona la desahucien en cuatro días y el caso Fabra lleve ya nueve años...

Creo que son temas que no se pueden comparar. El caso Fabra es un procedimiento complejo que se instruye en un juzgado que, como todos sabemos, no ha tenido una estabilidad, ni permanencia de jueces titulares, sino que a lo largo de 9 años han pasado más de 8 jueces. Ha estado desprovisto en muchas ocasiones de jueces profesionales, ha sido asumido por jueces interinos y por tanto todas estas vicisitudes, acompañadas de la complejidad del asunto, determinan que nos encontremos con la tardanza en la resolución. Lo cual desde luego no es bueno para el justiciable ni tampoco para la imagen de la Justicia. Pero lo que el ciudadano tiene que entender es que cuando los procedimientos se retrasan no es en función de quién es el acusado sino de las circunstancias que pueden afectar al funcionamiento de un órgano o de un juzgado y a la complejidad del asunto. De todas formas no lo justifican.

¿Y tardará mucho el Consejo en decidir la petición de amparo del juez instructor del caso, Jacobo Pin, que se sintió presionado por la Audiencia de Castelló?

Como ya acordó la Comisión Permanente estamos a la espera de la resolución de los recursos y a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo. De momento se ha suspendido provisionalmente o se ha archivado hasta conocer la resolución del Supremo y a partir de ahí el órgano de gobierno lo valorará.

Qué opina sobre la reforma del Poder Judicial que prevé Rajoy?

Las valoraciones apresuradas no nos conducen al mejor de los caminos porque en este momento afirmar que la reforma de la ley orgánica supone un ataque a la independencia del Poder Judicial me parece algo imprudente, sobre todo cuando ni siquiera tenemos el anteproyecto. Ha circulado por ahí el texto de una comisión que constituyó el Gobierno para abordar la reforma de la ley orgánica, pero lo cierto es que nadie ha afirmado que ese texto vaya a configurar el propio contenido del anteproyecto. Por lo tanto, en tanto no tengamos el anteproyecto difícilmente podemos valorar si esa modificación afecta o no a la independencia judicial. En segundo lugar, que se plantee la revisión del modelo de funcionamiento del órgano de gobierno a mí me parece positivo porque instituciones como ésta, que tienen más de 30 años, deben hacerlo.

¿Cree que la reforma laboral ha supuesto un retroceso en los derechos laborales?

A mí, desde luego, como jurista y como ciudadana me preocupa cualquier reforma que pueda suponer una limitación o una restricción de derechos de los trabajadores que tanto esfuerzo nos ha costado conquistar; toda aquella reforma que pueda suponer un retroceso en ese marco de tejido social que se había desarrollado sobre todo a lo largo del siglo XX yo creo que constituye un paso atrás. Por tanto me preocupa mucho como ciudadana, creo que la crisis económica no puede ser una justificación para establecer recortes y sobre todo para cercenar derechos de quienes pueden ser incluso los más desprotegidos en el marco del Estado del bienestar.

Luego, la reforma atenta contra derechos de lo trabajadores...

Desde luego no tenemos en este momento el mejor marco laboral para un adecuado aseguramiento de los derechos de los trabajadores. Es un marco mucho más rígido y desde mi punto de vista sí que constituye un cierto retroceso en los derechos laborales. Pero claro, esto es una opinión muy personal, hablo como Gabriela Bravo, como ciudadana y no como representante del órgano de gobierno del Poder Judicial. Creo que se ha potenciado mucho la capacidad de decisión de las empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores y la desaparición de algunos mecanismos de control. Desde mi punto de vista sí se pueden ver perjudicados los derechos laborales.