Los responsables de la multinacional que pretende buscar hidrocarburos en el norte de Castelló mantuvieron ayer un encuentro en la diputación con medio centenar de alcaldes y portavoces de los municipios afectados. La empresa energética insistió en la inocuidad ambiental de sus técnicas de extracción y destacó el impacto económico positivo que supondría su proyecto en la zona.

Desde Vancouver vino a Castelló Craig Steinke, director de R2 Energy, la multinacional canadiense que „a través de su filial española Montero Energy„ ha presentado ante la Generalitat tres solicitudes para explorar los recursos existentes en un área de 195.569 hectáreas, en las comarcas de Els Ports y l´Alt Maestrat. Aunque el proceso administrativo no ha hecho más que comenzar con la solicitud (hay posibilidad de que se presenten más ofertas), los responsables de la empresa quisieron explicar su iniciativa ante los alcaldes, preocupados por el impacto ambiental que pueda suponer el empleo de la técnica de fractura hidráulica («fracking» en inglés). Craig Steinke dedicó buena parte de su intervención a disipar los temores de los munícipes. Sobre todo porque la empresa sólo aspira de momento a investigar en los próximos seis años los yacimientos. Dependiendo de su magnitud, optarán o no a la extracción.

Steinke explicó que la exploración determinará si hay que recurrir o no a la fractura hidráulica. Esta técnica se utiliza cuando el material es muy poco permeable, como es el caso del norte de Castelló. Consiste en liberar los hidrocarburos de la roca inyectando a más de dos mil metros de profundidad una mezcla compuesta en un 99,51 % por agua y arena. El resto es un combinado de sustancias, cuya composición es controvertida, ya que hay voces que alertan del riesgo de contaminación de los acuíferos. Según Steinke, su empresa utiliza un fluido formado a base de productos no contaminantes y dijo que se podría beber.

El jefe de exploración en Europa y América Latina, Rafael López, fue el encargado de explicar las fases. Recordó que ya se perforaron y explotaron en los años 70 media docena de pozos en el norte de la provincia de Castelló, aunque se abandonaron. Insistió en que, en caso de que se apruebe el proyecto, sólo se efectuarían investigaciones y, en ningún caso, extracciones. «No tendríamos derecho a explotar nada», recalcó. López dijo que cada sondeo implica una inversión de 15 millones y emplea a entre 100 y 200 personas.