La Generalitat va como alma en pena esquivando a los acreedores y con la tijera de los recortes en la mano pero para determinadas cuestiones no falta el dinero. Presidencia tiene previsto gastarse 169.400 euros, IVA incluido, en la contratación de estudios trimestrales de opinión pública durante el próximo año, más una prórroga prevista de otra anualidad. En total, 338.800 euros en dos ejercicios. La contrata se enmarca en la categoria de «estudios de mercado y encuestas de opinión pública». Una información que se niega a trasladar a las Corts para que sea de dominio público y que permite al Ejecutivo del PP, en horas bajas electoralmente, pulsar periódicamente las preocupaciones de los valencianos y los cambios de tendencia en la sociedad. Datos clave para interpretarlos en términos políticos.
El Consell ha puesto ahora en marcha la licitación pese a que en los Presupuestos de la Generalitat para 2013 incluye una disposición mediante la que se impone la prohición de tramitar «nuevos» contratos de servicios, entre otras materias, en encuestas de opinión. La limitación se encuadra en la política de controlar todos los gastos prescindibles dentro de la cruzada por la reducción del gasto. Sin embargo, salvo marcha atrás del departamente que dirige José Císcar, no va a tener efecto alguno en lo que se refiere a los sondeos a disposición del Gobierno valenciano. Y eso que la cláusula presupuestaria citada señala que sólo se tramitarán contratos de este tipo «en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que no puedan ser atendidas por el personal propio, y, en cualquier caso, previa autorización de la Abogacía General de la Generalitat». No parece que las encuestas puedan encuadrarse en este supuesto. En todo caso, el encargo debería contar con el aval de la Abogacía.
La otra hipótesis es que, aunque la adjudicación se producirá en 2013 „el tope para la recepción de ofertas es el próximo 8 de enero„, como la contratación se ha iniciado en 2012 no le sea de aplicación el precepto de la ley de presupuestos. En ese escenario valdría la máxima de hecha la ley, hecha la trampa. Además quedaría cubierta la prórroga de otro año, ya que en ese momento no se trataría de un contrato nuevo, sino de una renovación.
Por otra parte, llama la atención el procedimiento de licitación, basado en «el diálogo competitivo» y «un sistema dinámico de adquisición», un modelo ensayado en la fallida puesta en marcha del sistema de gestión compartida en Sanidad. En este mecanismo, es el Consell el que invita a varias empresas a participar y establece con ellas una negociación.
Además de las encuestas, el presupuesto veta a las conselleries y el sector público en 2013 la contratación de servicios conexos en materia de informática; de investigación y desarrollo; de contabilidad, auditoría y teneduría de libros; de consultores de dirección y servicios conexos; y de colocación y suministro de personal.
Fuentes de Presidencia explicaron ayer que esta disposición presupuestaria está pensada para poner coto al recurso a consultorías externas por parte de las empresas y fundaciones públicas, de forma que, a partir de 2013, sólo podrán echar mano de estos medios privados con el permiso de la Abogacía de la Generalitat. En el caso de los informes jurídicos, el volumen de gasto había alcanzado cifras escandalosas pese a contar con 80 abogados en nómina en el Consell. En cambio, indicaron que las encuestas de opinión se contratan desde muchos años y constituyen una «herramienta tradicional» del área de Planificación y Análisis de la Presidencia. Es más, indicaron que, aunque se ha minorado, hay una línea económica en las cuentas de 2013. Con todo, el precepto es claro, por lo que la contratación deberá ser autorizada por la Abogacía.
El Consell siempre se ha negado a entregar a las Corts estas encuestas. La última vez, cuando lo solicitó recientemente el diputado de Compromís Fran Ferri, quien se encontró con la negativa tajante del vicepresidente Císcar. El Ejecutivo alega que estos sondeos son instrumentos de trabajo para uso de la Administración.
El Consell asegura que los contratos con Over Marketing son «legales»
El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, aseguró ayer que el Consell está «completamente tranquilo» por los contratos de la Generalitat con la empresa de publicidad Over Marketing, ya que, «como ya había dicho el conseller de Gobernación [Serafín Castellano] todos los contratos se hicieron atendiendo a la legislación vigente». Císcar se pronunció así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado sobre si al Consell le preocupa que un juzgado investigue a esa empresa por presunta financiación irregular del PP balear y después de que EU revelara que la Generalitat valenciana le otorgó hasta 6 contratos, cuatro de ellos por parte de Castellano. «Tenemos toda la tranquilidad del mundo», indicó Císcar, quien aseguró que se dará a la oposición la documentación que solicite cuando lo haga por los «conductos reglamentarios».
Ciscar reafirma el órdago de Vela por la financiación
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, aseguró ayer que el Gobierno valenciano no va a renunciar a la tramitación en el Congreso de la reforma del estatuto valenciano para reclamar mayor inversión en la Comunitat y, en este sentido, dijo que no tienen «inconveniente» en «ir de la mano» de los socialistas para exigirla.
El secretario general del PSPV y diputado en el Congreso, Ximo Puig, anunció que el lunes volverá a presentar una iniciativa en el Congreso sobre mejora de la financiación «para ver si ahora sí el PP vota a favor de una exigencia de los valencianos para mejorarla», al tiempo que dijo que la Comunitat «no puede aguantar más esta situación».
Císcar remarcó que el discurso del Gobierno valenciano en materia de financiación «siempre ha sido el mismo y vamos a seguir insistiendo». En este sentido, recriminó al PSPV que durante los años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «no movió un dedo para que eso fuera posible».
Císcar señaló que el Ministerio «ya está trabajando en un nuevo modelo» pero, el Consell va a «insistir» para que «si puede estar en 2013 que no sea en 2014» y dijo que hay una interlocuión permanente con el Gobierno sobre esta materia
El vicepresidente del Consell se refirió también al tono de las declaraciones del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, quien aseguró que el modelo de financiación para la Comunitat es «una injusticia intolerable» y que «ya está bien, hasta aquí hemos llegado».
Al respecto, afirmó que estas palabras «expresan fielmente el sentir del gobierno valenciano» ante un sistema de financiación «injusto» y que «nos maltrata». «No es cuestión de valentía sino de decir las cosas como son», agregó
Por ello, subrayó que «cuando antes se modifique el sistema de financiación, muchísimo mejor» porque la Comunitat «tiene que competir con otras comunidades, en una situación de desigualdad» y eso «se sufre más cuando ingresos de una administración pública se ven mermados».
Por lo que se refiere a la reforma del estatuto para reclamar inversiones, Císcar recordó que el grupo parlamentrio estudia la posibilidad de «acumularla» a la de reducción de diputados. En este sentido, explicó que «no se pueden tramitar simultáneamente dos reformas de un mismo estatuto de autonomía».
