El ERE de FGV despedirá a 450 empleados, el 25%

La empresa pública alega causas "técnicas, productivas, organizativas y económicas" para la presentación del ERE, que se enmarca en una reestructuración para reducir en 22 millones de euros los gastos de personal, según ha informado en un comunicado.

FGV entregará hoy al comité de empresa la documentación que acredita el ajuste de personal y los criterios que determinarán a qué empleados afecta.

La negociación de las condiciones del ERE se desarrollará durante los próximos treinta días entre la dirección de la empresa, ahora dirigida por Pablo Cotino, que sustituyó a Marisa Gracia tras dimitir ésta en octubre, y los representantes sindicales.

Durante la reunión del consejo de administración de FGV, presidido por la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, trabajadores de FGV han protestado con una pitada en la calle que se ha prolongado desde las nueve y media de la mañana hasta el mediodía.

Bonig: "Es una medida dura pero necesaria"

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asumido este martes que el expediente es una medida "muy dura, pero necesaria que no se hace alegremente".

Ha recordado que su departamento "está dispuesto a negociar", pero era "necesaria una reestructuración de la empresa". Bonig ha recordado que los ERE "los están haciendo la empresa privada y las familias desde 2007 y ahora le toca a la administración".

Bonig ha manifestado que FGV "no es la única empresa pública" a la que se aplicará un ERE. "Solo se ve afectado un 25 por ciento de la plantilla (450 de 1.805 empleados), mientras que en otras ha sido de un 60 o 70 por ciento".

La titular de Infraestructuras ha explicado que el número de afectados en el expediente de regulación se ha realizado en base a una auditoria laboral que "establece exactamente la reestructuración necesaria y cuánto hay que reestructurar para seguir manteniendo los mismos servicios".

Fabra: "No queda más remedio"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha insistido en que "no queda más remedio" que "reducir el personal que hay en las empresas públicas" para "aligerar la administración" y ha defendido que llevan a cabo ese proceso "de una manera razonable, muy profesional, muy objetiva y, desde luego, buscando esa racionalidad y eficacia dentro de los sectores públicos".

A preguntas de los periodistas, ha indicado que "se está trabajando" en ese tema y que "son situaciones muy complicadas y difíciles" que deben afrontar. "No queda más remedio si queremos seguir manteniendo la sociedad del bienestar, y en ello estamos", ha sentenciado Fabra, quien sostiene que "lo fundamental" es poder atender "las necesidades en educación, en sanidad y en políticas sociales" de los ciudadanos.

Para la presidenta del comité de empresa, Alicia Murcia, del Sindicato de Circulación Ferroviaria, el ERE es "una brutalidad, una salvajada y un atraco a los trabajadores".

Según Murcia, la empresa ha hecho un cálculo matemático entre los 22 millones de euros que quieren reducir en gastos de personal y la media de los salarios para plantear la cifra de 450 empleados.

Tanto Murcia como el portavoz del sindicato mayoritario, UGT, Antonio Soler, han coincidido en que la empresa ha indicado que el número de afectados es negociable.

A juicio de Murcia, hay muchas variables que pueden rebajar ese número, como la edad que se acuerde para las prejubilaciones, y ahorros en la red de explotación que podrían rebajar la cantidad de 22 millones en gastos de personal.

Los afectados por el ERE podrían ser empleados de estructura de la dirección, atención al viajero y puestos relacionados con la circulación, aunque los colectivos afectados todavía no se han concretado, según Soler.

Los sindicatos de Ferrocarrils comenzaron el 17 de octubre los paros parciales y huelgas en contra del ERE, y tienen previsto un paro de veinticuatro horas el próximo jueves y paros parciales los días 3, 4, 5 y 10 de diciembre.