El futuro de las universidades públicas valencianas no pasa por la privatización porque son, por ley, "órganos autónomos". Sin embargo, los retrasos en el pago de la financiación por parte de la Generalitat, la disminución de los presupuestos en investigación y el incremento de tasas, que "desincentiva" a los alumnos con menos recursos, son cuestiones que ponen en riesgo el actual sistema de enseñanza superior, según evidenciaron ayer los cinco rectores en el debate anual que organiza la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

Al acto, celebrado en la Fundación Bancaixa, asistió la consellera de Educación, María José Català, así como representantes de los grupos parlamentarios, de la empresa y los sindicatos, junto con profesores y científicos.

El efecto negativo sobre los estudiantes del incremento de las tasas es uno de los aspectos que más preocupan. Los rectores corroboraron que este curso ha habido una reducción de créditos inscritos de entre un 5 y un 10 por 100 sobre el año anterior, en especial a partir de la segunda matrícula y, como adelantó Levante-EMV, han comprobado un aumento de la devolución de recibos bancarios de matrícula.

El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, aunque destacó que están obligados a hacer cumplir la norma de permanencia, aseguró que se intenta flexibilizar el pago. El responsable de la Politècnica, Juan Juliá, defendió un modelo anglosajón, donde las becas alcanzan al 75 % del alumnado frente al 30 % español.

Morcillo advirtió de que "el debilitamiento presupuestario progresivo nos puede abocar a una situación delicada". En su opinión, tanto la sanidad como las universidades públicas "son valores sociales que debemos proteger".

Juliá apuntó que los rectores "reconocemos que es necesaria una reforma del sistema de financiación" universitaria, pero criticó el "incumplimiento" sistemático por parte de la conselleria del calendario de pagos porque "nos pone en situación límite para atender los nuestros mes a mes".

El rector de la Jaume I de Castelló, Vicent Climent, a preguntas de este diario sobre universidades privadas -la semana pasada se aprobó la Europea, tercera de capital no público-, rechazó que éstas no participen de la racionalización de un mapa de titulaciones y se les permita cualquier grado al margen de las necesidades. "Es absurdo que se plantee la reforma del mapa cuando a ellas se les da carta blanca. No es una oferta complementaria", comentó.