Los secretarios e interventores de la Comunitat Valenciana están preocupados ante la marcha atrás de la reforma que les iba a devolver su condición de habilitados nacionales para poder trabajar con más independencia en los ayuntamientos. La clave es que los encargados de controlar la legalidad de las decisiones de las autoridades locales consideran esencial volver a depender del Estado para que sus decisiones no estén condicionadas por los políticos municipales. Francisco Javier Biosca -presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia- reclamó ayer que el Gobierno mantenga la reforma como se había comprometido el Partido Popular durante la campaña electoral.
Francisco Javier Biosca puso como ejemplo que el régimen disciplinario al que están sometidos los secretarios e interventores no puede estar en manos de los alcaldes. "No tiene sentido que nos pueda sancionar el alcalde porque es la misma persona a la que estamos controlando. El régimen disciplinario tiene que volver a la Administración estatal", indicó Biosca.
Competencias transferidas
El presidente del Colegio explicó que desde que las competencias pasaron a la Generalitat prácticamente no han salido plazas de interventores y secretarios en la Comunitat Valenciana. "Esto facilita que en grandes ayuntamientos se abuse del sistema de libre designación. Los interventores no pueden ser de libre designación porque pueden perder su independencia", advirtió.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció el 14 de julio que los secretarios y los interventores municipales encargados del control financiero de los ayuntamientos iban a volver a depender de la Administración General del Estado. Montoro apuntó que con la medida se buscaba aumentar la independencia del colectivo.
Las competencias de la regulación sancionadora de las faltas graves y muy graves y la de la convocatoria de plazas las asumió la Generalitat Valenciana en el año 2007. Desde ese año, la mayoría de los puestos se han cubierto con interinos y los alcaldes pueden imponer las faltas leves.
Los interventores y secretarios municipales valencianos consideran que tampoco tiene sentido que les pague su sueldo el propio ayuntamiento al que están fiscalizando ya que creen que su garantía de independencia puede verse comprometida porque el trato con los responsables políticos es muy cercano. Las autoridades municipales se oponen a la reforma porque creen que los secretarios e interventores estarían por encima de ellos, según explicó ayer a este periódico un parlamentario del Congreso de los Diputados.
