El Gobierno valenciano ha decidido dejar en suspenso, hasta que la actual coyuntura económica mejore, la construcción del Centro de Convenciones de Castellón, por cuyo proyecto ya se ha pagado 2,7 millones de euros al arquitecto valenciano Santiago Calatrava.
En respuesta escrita a varias preguntas parlamentarias de la diputada de Compromís Mónica Oltra, la entonces consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Dolores Johnson, explicaba que las actuales circunstancias económicas exigen "decisiones difíciles y responsables" como ésta.
Johnson, en una respuesta fechada el pasado 9 de mayo y publicada hoy en el Boletín Oficial de Les Corts Valencianes, indicaba que la voluntad del Gobierno valenciano es "poner en marcha el proyecto a medio o largo plazo, tan pronto como las circunstancias jurídicas y económicas lo permitan".
El Centro de Convenciones está pendiente también del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castellón, anulado por el Tribunal Supremo, que también tiene pendiente de resolver un recurso contra el plan de actuación integrada (PAI) de Mestres, que de anularse invalidaría la viabilidad del proyecto.
A pesar de la paralización de esta obra, Johnson, que ya no forma parte del Consell, asegura que el Centro de Convenciones "jugará un importante papel en la activación de la economía y el turismo de Castellón y de su provincia".
Explica que no se puede poner una fecha para el inicio de las obras hasta que el Ayuntamiento no ceda los terrenos a la Sociedad Proyectos Temáticos y reconoce que es "imposible determinar" cuál será el coste final de la obra "al no estar redactado el proyecto de ejecución y no disponerse de los terrenos".
La Generalitat ha pagado ya a Calatrava 2,7 millones de euros por la redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del Centro de Convenciones, con independencia de que éstos "puedan ser objeto de futuras modificaciones durante su desarrollo en la redacción de los proyectos de ejecución", lo cual "en ningún caso" afectaría al importe hasta la fecha abonado.
Preguntada sobre si cree apropiado el Consell que Calatrava "eluda el pago de tributos" en España "gestionando su actividad desde Suiza", Johnson se limita a afirmar que el Gobierno valenciano "cumple la ley", que dice que "no hay incumplimiento de la normativa fiscal en estos pagos".
En este sentido, señala que la ley establece que los pagos deben realizarse "allí donde la sociedad contratada esté arraigada".
Por otra parte, Johnson, en respuesta a otra pregunta de la diputada socialista Eva Martínez, ha informado de que la empresa Concesiones Aeroportuarias, responsable de la construcción y explotación del Aeropuerto de Castellón, pagó a la empresa pública Aeroport de Castellón dos avales por valor de 4 millones de euros al resultar adjudicataria del proyecto.
