El fiscal pide que el exadministrador del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social (Ivadis) José María Vicent Sarrión sea condenado a cinco años de cárcel y a diez años de inhabilitación por apropiarse de 142.896 euros de la entidad. La investigación apunta que el imputado presuntamente ingresó el dinero del Ivadis en cuentas vinculadas a él y a una empresa suya. José María Vicent Sarrión está muy vinculado a la familia Blasco hasta el punto de que fue secretario general del Partido Socialdemócrata (PSD), formación impulsada por el exconseller Rafael Blasco. El procesado llegó al Ivadis durante la etapa de Blasco en Bienestar Social, aunque fue nombrado administrador cuando el exconseller ya había pasado de Bienestar Social a Territorio.
La Conselleria de Bienestar Social denunció a José María Vicent en febrero de 2011 al detectar irregularidades contables durante los últimos años de su gestión. El procesado, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, presuntamente se apropió entre noviembre de 2008 y diciembre de 2010 de dinero del Ivadis que estaba destinado a pagar a los proveedores de sus centros para personas con discapacidad.
Bienestar Social descubrió el presunto robo cuando un proveedor contactó con el Ivadis para quejarse por no haber cobrado el servicio prestado a la empresa pública. Los responsables del Ivadis comprobaron la factura en su contabilidad y le respondieron que el pago ya se había efectuado. Fue en ese momento cuando se detectó que el abono se había realizado a otra cuenta ajena a la empresa en cuestión.
La conselleria abrió una investigación y certificó que ni se trataba de un error ni era un caso aislado. En poco tiempo, aparecieron varias facturas por un importe de más de 100.000 euros que figuraban como pagadas, pero a cuentas que no correspondían con las de los proveedores. Una parte de los 142.896 euros desviados del Ivadis fueron presuntamente ingresados en la cuenta bancaria donde José María Vicent tenía domiciliada su nómina.
El Ivadis atiende en sus veinticinco centros a unos 1.300 valencianos con discapacidad. Para el cumplimiento de sus fines, la entidad dispone de los recursos que le son asignados con cargo a los presupuestos de la Generalitat Valenciana y los fondos que percibe por donaciones. La entidad se dedica a la atención sociosanitaria y a la integración sociolaboral de personas con discapacidad y de colectivos en riesgo de exclusión.
El acusado „según precisa el escrito de acusación del Ministerio Público„ se encargaba como administrador de dirigir el área de contabilidad del Ivadis y de remitir los ficheros informáticos con las órdenes de pago a las correspondientes entidades bancarias. En dichos ficheros informáticos se hacían constar, entre otros datos, el nombre del proveedor y el número de cuenta del ingreso.
El imputado, siempre según la acusación del fiscal, presuntamente procedió a manipular los datos contenidos en los ficheros informáticos con «el propósito de enriquecerse de forma ilícita». «En el fichero constaba que la orden de transferencia era en relación con el pago de una factura a un proveedor del Ivadis, pero el acusado cambiaba la cuenta de destino consignando las suyas» o las de una empresa vinculada a él.
En otras ocasiones, el acusado hacía constar en el registro que se trataba de anticipos de nómina sin que apareciera la identidad del empleado del Ivadis que supuestamente percibía el adelanto. El procesado supuestamente también ingresó dinero en cuentas de su mujer, aunque ella desconocía el robo y va a ser citada en el juicio como testigo.
Malversación de caudales
El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos y reclama que la Audiencia de Valencia le imponga 5 años de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y que indemnice al Ivadis con 142.896 euros.
El imputado se dio de baja del PSD en Alzira a finales de 2010, poco antes de que la Conselleria de Bienestar Social formalizara la denuncia ante la Fiscalía de Valencia. Vicent justificó ante el partido su marcha por una oferta laboral que le exigía un periodo de formación en el extranjero.
