La Administración valenciana ha puesto en marcha los mecanismos para la elaboración de un censo de instalaciones cuya actividad "incide" sobre el medio ambiente y en los que recaerá el nuevo impuesto medioambiental de la Generalitat.
El hecho imponible del impuesto esta formado por "los daños, impactos, afecciones y los riesgos para el medio ambiente derivados de la realización de producción de energía eléctrica; producción, tenencia, depósito y almacenamiento de sustancias consideradas peligrosas y las que supongan la emisión de gases contaminantes -óxidos de nitrógeno (NO) o dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera".
Entre las instalaciones que serán incluidas en este censo figuran todas las centrales térmicas y las hidroeléctricas no sujetas al régimen especial, así como la central nuclear de Cofrentes, refinerías, regasificadoras, cementeras, etc.
Se ha excluido la emisión de CO2, lo que libera a una parte de la industria cerámica, aunque algunas de sus instalaciones tendrán que pagar.
Queda fuera también la producción eólica, la generación de electricidad por sistemas no convencionales y para autoconsumo.
La base imponible más común en el nuevo impuesto es la producción bruta de electricidad medida en kilovatios hora. El nuevo impuesto podría suponer para la central nuclear de Cofrentes el pago de 15,5 millones de euros y de 6,5 millones para Cortes-La Muela.
El dinero recaudado por esta vía debería ser empleado en conservación y mejora del medio ambiente.
