La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que entrará mañana en vigor supondrá una nueva carga económica para la Central Nuclear de Cofrentes, que en el ejercicio fiscal de 2013 tendrá que abonar a las arcas del Estado algo más de 100 millones de euros por el combustible usado que retire del reactor.
La ley estatal que entra en vigor el 1 de enero, se suma a la puesta en marcha por la Generalitat y que gravará con 0,0018 euros por kilovatio/hora la producción eléctrica de origen termonuclear que podría suponer para la central nuclear de Cofrentes el pago de 15,5 millones de euros anuales.
El artículo 17 de la citada ley estatal sitúa como hecho imponible los kilogramos de metal pesado contenidos en el combustible nuclear producido durante el período impositivo, entendiéndose como metal pesado el uranio y el plutonio contenidos, y como combustible nuclear gastado "el combustible nuclear irradiado en el reactor que durante el período impositivo haya sido extraído definitivamente de éste".
La Central Nuclear de Cofrentes tiene previsto abordar durante el último trimestre del año 2013 la 19ª recarga de combustible en la que obligatoriamente deberá sustituir 256 elementos de combustible de los 624 que contiene el reactor nuclear. Se trata de combustible introducido en la recarga 16 y que ya ha agotado su vida útil. Su grado de "quemado" según el argot nuclear es ya muy elevado y apenas su reacción apenas genera calor para producir vapor.
El núcleo de la Central Nuclear de Cofrentes tiene un peso de aproximadamente 120 toneladas, descontados los bastidores metálicos y las carcasas que sostienen el uranio enriquecido que actúa como combustible. Los 256 elementos que serán retirados en la próxima recarga contienen aproximadamente 49.230 kilogramos de lo que la ley estatal describe como "metal pesado" y además saldrá del reactor hacia las piscinas de combustible gastado para no volver.
Según el texto legal que mañana entra en vigor, Iberdrola deberá abonar al estado 2.190 euros por cada kilogramo extraído, lo que representará para la compañía eléctrica un desembolso de 107.815.384 millones de euros. Además, deberá provisionar en sus cuentas el valor fiscal de un núcleo entero de combustible -624 elementos- que representa unos 325 millones de euros.
La ley contempla también que las centrales nucleares paguen 6.000 euros por cada metro cúbico de residuos nucleares de media y baja actividad producidos en el ejercicio fiscal, lo que en el caso de Cofrentes, con una producción media anual de 213 metros cúbicos de este tipo de residuos representaría un pellizco añadido de 1.272.000 euros.
En cualquier caso, la obligación de repercutir en el recibo de la luz los costes reales de la generación de energía harán que tarde o temprano, este nuevo impuesto ideado por el Gobierno central acabe repercutiendo en los ciudadanos y en las empresas, que seguirán pagando la energía por encima del precio que se paga en otros países.
Cierre de Garoña como reacción
Las compañías eléctricas mantienen formalmente silencio ante este nuevo impuesto, aunque han lanzado una severa advertencia anticipando el cierre de la central nuclear de Garoña cuyo funcionamiento había sido prorrogado por 10 años. Nuclenor, con capital compartido de Iberdrola y Endesa, ha decidido anticipar el cierre de la central. Aseguran que el nuevo impuesto supone un sobrecoste de 150 millones de euros que hace inviable seguir operando.
