La Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Fórmula 1 o la Copa del América han proyectado internacionalmente la Comunitat Valenciana a base de millones de euros públicos invertidos, gastados o derrochados, según se mire, en la cultura de los grandes eventos. El Consell u organismos como el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) han llegado a cuantificar económicamente el impacto de estos acontecimientos en la economía valenciana. Pero una parte de esa inversión en régimen de monocultivo en la marca Comunitat Valenciana se ha perdido por el sumidero del despilfarro y la corrupción, de los aeropuertos sin aviones, de las dimisiones de presidentes para sentarse un mes en el banquillo de los acusados, del expolio de Emarsa para hacer millonarios negocios de mierda, del desvío de fondos destinados a la cooperación con el Tercer Mundo o de la quiebra de las cajas de ahorros arruinadas por una mala gestión política.

Aspectos que han tenido en muchos casos resonancia planetaria y que han conformado la otra imagen exterior, la tóxica, la que ha sido retratada en «The New York Times» o «Le Monde». La que hace escasas semanas se dibujó en el espacio de la BBC «Newsnight» en el que se abordó la llamada «Ruta del despilfarro». Si la Comunitat Valenciana tuviera que ser declarada zona catastrófica por la especial incidencia de la corrupción y el sobrecoste, una versión del despilfarro emparentada con la corrupción, ¿a cuánto deberían ascender las indemnizaciones? Poner cifras al daño directo e indirecto que los escándalos políticos han causado a las arcas públicas es el objetivo que se ha fijado el PSPV en las jornadas organizadas para finales de este mes.

Una difícil tasación

Ese foro se celebrará en la propia sede de Blanquerías y participarán, entre otros, los abogados y los responsables de gestionar políticamente cada una de las causas mediáticas, desde el caso Fabra hasta Brugal, en sus tres patas, pasando por el caso Cooperación, Emarsa o Gürtel. No se trata, apunta un portavoz socialista, de cuantificar el desfalco, de unos 30 millones en Emarsa, según el juez, o de 5 en el caso Blasco, o los casi 600 millones de sobrecostes en la Ciudad de las Artes, sino de sumar a esas cantidades el impacto negativo en la imagen.

Una tasación que, admiten en el PSPV, no resulta nada fácil, como no lo era calcular el impacto positivo de las retransmisiones de la Copa del América o de la Fórmula 1, en la que el Consell ha gastado unos 300 millones, entre el canon pagado a Bernie Ecclestone, los derechos comprados por Canal 9 y la construcción del circuito urbano.

Más allá de las cifras, los socialistas pretenden hacer pedagogía y concienciar a la gente de que la corrupción es también un problema económico, además de ético. Y, sobre todo, quieren «reivindicarse» por su acción política y judicial en las diferentes causas. «Que se identifique al PSPV como un partido que lucha contra la corrupción, que está personado en Brugal, en Emarsa, en Gürtel y en el caso Blasco», apuntan. Los socialistas recuerdan que UPyD impulsó la querella contra directivos y exdirectivos de Bankia, mientras que EU «solamente está personado en una de las piezas separadas del caso Brugal». Con todo, en Blanquerías tienen la sensación de que Compromís y EU, que no han optado por personarse en las causas, han sabido sacar más rédito político a la denuncia de la corrupción. Una percepción pública que quieren combatir.