La denuncia del PSPV contra la Conselleria de Solidaridad que dirigía Rafael Blasco por una presunta malversación en las ayudas de la ONG Cyes fue contrarrestada por el departamento con la publicación de una relación de ayudas que habían recibido organizaciones vinculadas a cargos públicos socialistas, entre ellas, la de la ex ministra de Sanidad y exsenadora del PSOE, Leire Pajín. Estos documentos, que en su día fueron aireados por el otrora conseller y su equipo de comunicación fueron requisados por la policía en uno de los numerosos registros que realizaron en las viviendas de imputados y que se han incorporado al sumario del "caso Cooperación". En concreto, en casa del exdirector general Josep Maria Felip.
En este argumentario incautado ahora por la policía, se asegura que Solidaridad Internacional, la ONG vinculada a Pajín, recibió entre 1996 y 2010 4,8 millones de euros en 28 subvenciones de la Generalitat. Por su parte, la ONG Cyes, investigada por presuntamente comprar pisos en Valencia con el dinero destinado a Nicaragua, "sólo" habría recibido 1,9 millones en seis proyectos.
En los documentos intervenidos también existe una relación de organizaciones que estarían vinculadas a políticos socialistas de toda España y que también habrían conseguido ayudas de la Generalitat. Estas notas, que ya se hicieron públicas en 2010, apuntan a que entre 2000 y 2010 estas 11 organizaciones recibieron más de 44 millones de euros para 249 proyectos. Los papeles llevaban por título: "La cooperación valenciana no hace distinciones políticas".
La magistrada había solicitado a la policía un informe sobre el estado de análisis de la documentación intervenida y de las labores pendientes de realizar en relación con las subvenciones concedidas en 2008 a la Fundación Cyes y ayudas a distintas entidades entre 2009 y 2011.
En el escrito policial se especifica que se aporta documentación intervenida en los domicilios del exdirector general; del ex jefe del área de Cooperación Marc Antonio Llinares; y de Arturo Ignacio Tauroni, hermano del empresario Augusto César Tauroni, único imputado en prisión desde el mes de febrero por esta causa.
La policía se incautó en la vivienda de Llinares de un escrito de la fiscalía sobre el procedimiento, y de una libreta espiral cuya portada se titulaba "Dossier subvenciones cooperación". Además, en la casa de Tauroni intervino un sobre de color blanco que contenía seis documentos que acreditaban que seis personas distintas habían recibido 20.000 euros por la realización de trabajos de apoyo en la elaboración del estudio de terreno para el proyecto Madriz (Nicaragua) en noviembre de 2008. En este caso, fuentes conocedoras del mundo de la cooperación explicaron que esos pagos, "en euros", son "desproporcionados".
El "caso Cooperación" ya ha alcanzado los 40 tomos, o lo que es lo mismo, los 20.000 folios de sumario. La instrucción y los interrogatorios continúan.
La diputada socialista en las Corts Clara Tirado aseguró ayer que su partido "no parará, no callará, pase lo que pase y caiga quien caiga" hasta saber "la verdad" del llamado "caso Cooperación", que investiga la supuesta malversación de ayudas públicas para proyectos humanitarios en el exterior y en el que ejercen desde esta semana la acusación popular. Tirado explicó que aportarán documentación para que las investigaciones se amplíen a otras consellerias que contrataron a las sociedades del empresario preso por esta causa, Augusto César Tauroni. Entre ellas se encuentran Sanidad y Bienestar Social por los trabajos hechos para la puesta en marcha del Abucasis, la base de datos de Sanidad, o la gestión del teléfono del mayor y las maltratadas. El síndic del PSPV en las Corts, Antonio Torres, manifestó que esta personación supone la "garantía" de que van a llegar "hasta el final" y de que se devuelva "hasta el último céntimo desviado", y afirmó que su partido ha hecho un "esfuerzo extraordinario" para hacer frente a los gastos que supone. Tirado explicó que se han personado en el caso porque quieren "acabar con la impunidad no solo del que corrompe", sino también con la del que "lo consiente". Para la diputada, la presencia del exconseller de Solidaridad e imputado en el caso, Rafael Blasco, como diputado en las Corts es "el mejor indicador del nivel de ética del Consell y del PP". s.p./europa pressvalencia
