Un centenar de afectados por el retraso de la Generalitat en pagar las ayudas a la vivienda se concentraron ayer frente a la Conselleria de Infraestructuras para exigir el pago de las ayudas (que no se abonan desde el año 2009), que ésta obligación de pago no prescriba y que la consellera Isabel Bonig se comprometa a un calendario de pagos "creíble y razonable". La plataforma calcula que la Generalitat debe 250 millones de euros a unas 50.000 personas. Por ello ayer presentaron una batería de reclamaciones en el registro de la Conselleria de Infraestructuras para que sus ayudas no prescriban.

El retraso del abono de las ayudas (a la compra o rehabilitación de viviendas) deja a muchas de estas personas en una situación delicadísima. Como Montse Ros, una joven de Valencia que adquirió una VPO adaptada, porque usa una silla de ruedas, en la avenida Hermanos Machado de Valencia y a quien la Generalitat debe 23.000 euros desde 2009. "Si prometen una ayuda deben pagarla. Yo no me habría metido en la compra de un piso si hubiera sabido que me vería en esta situación", explica Montse, porque los impagos de la Generalitat le han afectado como dependiente, por los tres meses que la Conselleria de Bienestar Social se ha retrasado en el pago de las ayudas.

A Raquel y Agustín la conselleria les debe 11.100 euros. Cobrar sería para ellos una bendición porque los dos están en el paro y con las prestaciones por desempleo agotadas. "Este mes vamos a devolver el primer recibo de la hipoteca. Con seis meses más nos quitarán la vivienda", explica Agustín a Levante-EMV. El desahucio no sería ningún alivio para esta pareja. "Si el banco nos quita la VPO por impago deberemos devolver la ayuda de 9.000 que nos dio el Ministerio de Fomento", añade. Tampoco tienen la opción de alquilar el piso que compraron en Mas del Rosari ("por encima del precio de mercado y a intereses superiores", se lamenta Agustín) porque la normativa de VPO no les permite alquilar ni vender su casa. "Me siento estafado económica, porque han incumplido su parte del contrato, y políticamente porque ahora me doy cuenta que metimos la pata al haber votado al PP". El mismo sentimiento que expresaba Emilio, otro miembro de la plataforma:"Nos sentimos engañados por la Generalitat, porque nos prometió unas ayudas que no paga y nos ha complicado la vida".