La decisión del Consell de extender el copago farmacéutico al colectivo de discapacitados que había quedado exento según el artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad ha encendido la pólvora de los partidos de la oposición que han calificado la medida de "cruel" e "inhumana".
El sindicato UGT ha anunciado además que elevará una queja al Síndic de Greuges y solicitará el amparo de la institución para que exija al Consell que, "reconsidere la situación" y derogue el artículo de la Ley de Acompañamiento que suprime este derecho consolidado en la Comunitat Valenciana.
Por su parte, la portavoz de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha manifestado que "eliminar la gratuidad de los medicamentos a los discapacitados no es ahorro, es inhumanidad".
En este mismo sentido se ha pronunciado el diputado socialista y portavoz de sanidad Ignacio Subías que ha expresado que la Generalitat "no puede ahorrar de los derechos de las personas más desfavorecidas".
Subías ha destacado que la inclusión del copago a las más de cien mil personas con discapacidad que hay en el territorio autonómico, "es una perversión abosluta en un Estado social y de derecho".
La medida del Consell afecta directamente a los menores de 18 años que tienen un grado de minusvalía igual o superior al 33 % y los mayores de edad con un grado de discapacidad a partir del 65 %, según avanzó ayer Levante-EMV.
Los padres de los menores con discapacidad (parálisis cerebral, fibrosis quística, espina bífida...) tendrán que abonar a partir de ahora el 40 % o 50 % del coste de los tratamientos farmacológicos y ortoprotésicos, según sea su nivel de renta.
La diputada de EU ha manifestado que la extensión del copago farmacéutico a estge grupo de la población "es insolidaria e inhumana" porque en muchos casos, como sostiene Albiol, "no podrán hacerse cargo del coste de las medicinas y verán peligrar sus tratamientos". EU ha exigido la suspensión inmediata de este copago que afecta a la farmacia, el catálogo ortoprotésico y las ayudas técnicas.
Albiol ha expresado que se trata de una "agresión muy dura" porque muchos discapacitados se enfrentan a necesidades que la conselleria no atiende, "de las que tienen que hacerse cargo los familiares que ahora tendrán que soportar el gasto añadido de la farmacia".
El socialista Subías alertó en su momento al Gobierno de las consecuencias que podía acarrear la medida mientras que UGT considera que se trata de una "clara discriminación" que recae en las personas con discapacidad que además sufren los recortes de la dependencia.
