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El Consell podrá modificar los puestos de trabajo sin informar a los sindicatos

Prepara un decreto para reorganizar la plantilla que suprime la negociación con los representantes sindicales

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J. RUIZ VALENCIA El objetivo de tender puentes y rebajar la tensión marcado por el nuevo Ejecutivo de Alberto Fabra tiene sus límites. Por lo pronto, el alto al fuego que el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Carlos Moragues, logró hace unas semanas con los sindicatos al suavizar el recorte de liberados podría durar poco. Su departamento prepara un decreto para establecer los criterios generales de clasificación de puestos de trabajo en el que se suprime la consulta previa a los sindicatos. La norma, que se está negociando estos días con los sindicatos, elimina, según las fuentes consultadas, la obligación que hasta ahora tenía la Generalitat de informar a los sindicatos cuando se creaba, modificaba o suprimía un puesto. Era la forma en la que los sindicatos podían controlar, entre otras cosas, que no se tomaran decisiones arbitrarias que beneficiaran o perjudicaran a un funcionario. Si el decreto sale adelante tal como está redactado, el conseller competente en función pública será quien resuelva la reclasificación de puestos y a posteriori y cada seis meses se dará cuenta a los sindicatos.
Como era de esperar los sindicatos están que trinan al sentirse expulsados de la negociación colectiva, al tiempo que consideran que contraviene el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Los responsables de Función Pública alegan que reorganizar la plantilla es potestad de la administración. No es el único punto de fricción. La propuesta de la Conselleria de Educación de aumentar la movilidad de determinados docentes (tendrían que desplazarse por toda la provincia para cubrir necesidades puntuales de centros educativos) también ha generado malestar entre los representantes de los empleados públicos.
Por otro lado y tras años de externalización del servicio, el Consell quiere ahora recuperar a sus propios empleados para la atención telefónica en los edificios Prop. Como informó en noviembre este diario, cerca de 35 trabajadores de la contrata del Servicio de Atención e Información al Ciudadano (SAIC) de la red de oficinas PROP de la Generalitat fueron despedidas. Estos empleados de las oficinas Prop, en su mayoría mujeres, son conocidos popularmente como chaquetas rojas dónde deben dirigirse para realizar los trámites.
La privatización del servicio, que se remonta a la época de Zaplana, fue muy criticada en su momento por los sindicatos. El Consell presumía entonces de "modernización" de la administración. La crisis ha hecho que ahora la administración asuma que este trabajo lo pueden hacer sus funcionarios.

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