Los políticos valencianos no han de declarar sus rentas a diferencia de los nacionales y de Castilla-La Mancha

La revelación de los ingresos efectivos de diputados y altos cargos destaparía los sobresueldos en el PP de las Corts - En la comunidad manchega y en Extremadura se airean hasta los intereses de los cónyuges

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JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA Por más anómalo que pueda parecer, lo que ganan realmente los políticos y el sueldo oficial que tienen fijado a menudo no coincide. Y para ello no hay que irse a los supuestos sobresueldos en negro que el extesorero del PP Luis Bárcenas repartió durante años a cargos de Génova. En las Corts Valencianes, desde sus inicios, los populares se reparten pluses exentos de IRPF y complementos por ejercer diversas responsabilidades de hasta 2.500 euros de los fondos que transfiere la Cámara para financiar las actividades de los grupos, una práctica que el PSPV también realizó hasta 2004. Sin embargo, en el Parlamento valenciano no es posible conocer oficialmente esta información.

Tampoco respecto a los altos cargos del Consell. Los diputados de las Corts no tienen que declarar sus ingresos efectivos, al igual que los altos cargos del Ejecutivo, a diferencia de lo que sucede con parlamentos como Castilla-La Mancha y, en menor medida, en las Cortes Generales. Los populares se han negado en redondo desde hace años a que estos datos sean públicos, probablemente para evitar que salieran a la luz los pluses del grupo.

Castilla-La Mancha es, a años luz, la más transparente. Fue en tiempos del expresidente socialista José Bono cuando se introdujo una regulación que obliga a diputados y altos cargos a declarar sus rentas efectivas. Y a hacerlas públicas en el diario oficial. Una normativa que la actual presidenta, Dolores de Cospedal, no ha tocado y que ha permitido saber que, entre el sueldo del partido (88.897 euros) y del Senado (31.775) hasta junio de 2011 y como presidenta de la Junta (36.082) a partir de julio, además de los trienios como abogada del Estado (1.634) , ingresó en 2011 158.388 euros netos. Y no sólo de Cospedal. También su cónyuge debe declarar sus acciones en empresas y los cargos públicos y privados que ejerce. El expresidente Barreda, por su parte, cobró 87.707 euros en 2010, además de otros 13.371 del Parlamento. En total, 101.078 euros. Diputados, altos cargos y hasta asesores se desnudan en el diario oficial. Quien quiera hacer trampas tiene que forzar el engaño.

Los políticos deben estar bien pagados pero aún resulta más irritante la falta de transparencia. Los diputados de las Corts no tienen que declarar las rentas percibidas realmente y, respecto a los bienes inmuebles, únicamente es obligatorio consignar la provincia donde se ubica el bien, la propiedad y el valor catastral conjunto. Quien lo detalla, como el presidente Alberto Fabra, lo hace voluntariamente. En Castilla-La Mancha hay que anotar los bienes, municipio, fecha de compra y valor de cada uno de ellos.

¿Inconstitucional?
La difusión de las declaraciones de los altos cargos del Consell -la última de ellas, de abril de 2010, en pleno temporal Gürtel- aún es más opaca: Sólo se airea el valor conjunto de los bienes y el de las deuda. Ni una sola concreción, ni ingresos reales. EU y Compromís, y los socialistas en los últimos tiempos, han exigido que las rentas sean públicas pero el PP alega que es inconstitucional... lo que se aplica Cospedal.

Mucho más transparentes son las Cortes Generales. Los diputados deben declarar las rentas percibidas el año anterior a la toma de posesión. Eso sí, salvo las que procedan de las propias Cortes, al entender que ya se saben. Un argucia. Sin embargo se puede saber que, por ejemplo, el líder socialista y diputado nacional, Ximo Puig, percibió en 2010 de las Corts, como portavoz adjunto, 74.766 euros netos y pagó por IRPF 21.971, mientras el popular Gerardo Camps declara un sueldo como vicepresidente del Consell de 67.891 euros y el abono de 16.691 euros por IRPF.

En Extremadura, el grado de transparencia es similar al de Castilla-La Mancha. Todos los altos cargos detallan sus ingresos efectivos el ejercicio completo anterior al de la declaración, así como los intereses de sus cónyuges. Los diputados, en cambio, tienen que presentar la declaración de la renta pero ésta no es pública. En Andalucía se airean los ingresos, salvo los que procedan del propio Parlamento, y también se detallan los bienes pero solo la provincia en que se ubican.

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