Los parlamentarios del PP de las Corts ven engordar desde tiempo inmemorial su nómina oficial de las Corts por dos vías: Una, a través de una transferencia bancaria, los que gozan de un complemento del grupo por ejercer puestos de responsabilidad, y otra, de cuantía idéntica para todos (360 euros) y como compensación a sus desplazamientos, mediante la entrega de dinero en metálico en un sobre. Mensualmente, los parlamentarios acuden a su cita con el diputado y tesorero del grupo, Rafael Ferraro, para que éste les entregue su sobre con los citados 360 euros en billetes tras firmar la justificación del cobro. De este pago no reciben justificante alguno. Eso sí, han de presentar un certificado con los desplazamientos realizados y que es la garantía del grupo en caso de una inspección del fisco. Porque estos pagos no se declaran a Hacienda, ya que, aseguran desde el grupo, «no es obligatorio legalmente, siempre que no superen los 800 euros».

En cambio, el complemento por responsabilidad sí se abona con la correspondiente cotización de IRPF. Anualmente, los diputados populares que son portavoces de comisión (300 euros) o miembros del consejo de dirección (desde unos mil hasta 2.500 euros al mes, en el caso del portavoz y los viceportavoces), reciben un certificado del grupo con los pagos y la retención practicada. Además, tienen el certificado de las Corts derivado de la nómina oficial. Así, cuando hace su declaración de la renta, los populares tienen dos perceptores, las Corts y el grupo parlamentario.

Ni Fabra ni los consellers

Todos estos fondos salen de la subvención que las Corts entrega a los grupos para financiar su trabajo político y que incluye la contratación de administrativos y asesores. Por ello, no tiene nada que ver con los sobresueldos en negro que presuntamente entregó el extesorero del PP Luis Bárcenas a cargos de Génova, procedentes de comisiones ilegales. Aunque eso no quiere decir que no haya puntos débiles. ¿Por qué se paga en metálico y no por transferencia? ¿Quién lo cobra? «Siempre se ha hecho así», afirma un responsable del grupo, que defiende que los 360 euros no son sobresueldos sino dietas aunque sea una cantidad fija con independencia de que se hagan desplazamientos o no. La opacidad sobre el asunto es absoluta. De hecho, los primeros signos de transparencia los dio el jueves el actual síndic, Jorge Bellver, quien ha heredado esta situación, al reconocer los pagos, «absolutamente legales». También se ha propuesto poner orden en ellos, de ahí que los va a reducir para que nadie gane más que Fabra. Él mismo se lo ha reducido a 700 euros mensuales (se supone que los 360 al margen). Ni el jefe del Consell ni los consellers, aseguró el viernes el vicepresidente, José Císcar, cobran del grupo. ¿Y el expresidente Camps? ¿Y los que disfrutan de coche oficial?

En tono enérgico, Císcar aseguró que todas las asignaciones se ajustan a la ley. «Que un señor tenga cuentas en Suiza no quiere decir que todos seamos iguales», exclamó en alusión a Bárcenas. Justificó las retribuciones y defendió la autonomía del grupo para repartir su asignación.