La familia del joven de Alzira fallecido en el accidente provocado por un kamikaze que circulaba en dirección contraria por la AP-7 está dispuesta a agotar todas las vías para intentar revocar el indulto concedido por el Gobierno a este conductor pese a la condena de 13 años de prisión que confirmó el Tribunal Supremo. El mismo día en que más de un millar de personas mostraba su indignación en la calle por esta medida de gracia, su abogado realizaba la notificación previa a la interposición de un contencioso administrativo ante el Supremo en un intento de que se revise el acuerdo que adoptó el Consejo de Ministros el 7 de diciembre.
La concesión de este indulto por parte del Gobierno fue valorada como «llamativa» por el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, que reconoció abiertamente que no le «acababa de gustar».
En paralelo al contencioso que en los próximos días formalizará el abogado Agustín Ferrer, la familia de José Alfredo Dolz también impulsará una recogida de firmas, tanto a través de una página web como en papel, para reclamar al Gobierno que revoque esta medida de gracia que ha generado una sonora polémica y que ha llegado al Congreso, donde el Partido Popular ha desestimado las solicitudes de diferentes grupos políticos para que compareciera el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El secretario general del PSPV y diputado en las Cortes, Ximo Puig, llegó a denunciar un presunto tráfico de influencias ya que el hijo del ministro trabaja en el bufete que ha representado al kamikaze indultado y el abogado que le representó es hermano del diputado del PP y antiguo subsecretario de Estado de Justicia, Ignacio Astarloa. Compromís exigió ayer una investigación interna sobre el proceso de indulto al kamikaze.
La familia es consciente de que no existen precedentes de que el Gobierno haya revocado un indulto y que otros recursos en casos similares no han corrido mejor suerte ya que el Supremo se limita a revisar que se ha seguido el procedimiento formal, aunque la hermana del fallecido, Loreto Dolz, ya subrayó el día de la protesta que un caso excepcional como éste requiere también de medidas excepcionales.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer que el Gobierno «ha tomado medidas» tras el indulto pero eludió dar más detalles para no vulnerar el secreto de la conversaciones del Consejo de Ministros. «Yo he jurado guardar el secreto de las declaraciones del Consejo de Ministros, no me puedo pronunciar, simplemente decir que se han tomado medidas», afirmó.
