El vicepresidente del Consell, José Císcar, envió ayer un recado a los diputados críticos con la estrategia de tolerancia cero contra la corrupción marcada por Alberto Fabra que implica la condena al ostracismo político a aquellos que están imputados en un proceso judicial. Preguntado en rueda de prensa por la "rebelión" interna en el grupo popular en las Corts el día anterior, Císcar indicó que los parlamentarios "deben estar centrados en en velar por los intereses de los valencianos que, en estos momentos, son la creación de empleo, el crecimiento económico y el mantenimiento de las políticas sociales". Y apostilló que el grupo "debe ser el órgano soporte del Gobierno". Con todo, el vicepresidente trató de restar importancia al agrio debate interno que se produjo el pasado miércoles en la reunión del grupo, en la que varios diputados, en su mayoría imputados, se quejaron del trato que, en su opinión, les da el partido. Se sienten, dijeron, abandonados por la dirección.

En la reunión convocada por el síndic del grupo, Jorge Bellver, se cuestionó también la estrategia de la dirección en torno a la polémica de los sobresueldos que se reparten los diputados del PP, criticas dirigidas fundamentalmente al propio Bellver e indirectamente a Fabra por la manera en que está llevando el partido.

Císcar trató ayer de quitar hierro al conflicto interno e indicó que el Consell no considera que se haya puesto en cuestión el liderazgo de Fabra. Ahora bien, dejó claro que el jefe del Consell no variará un ápice su estrategia: "Las reglas del juego están muy claras: tolerancia cero contra la corrupción. Así ha sido hasta ahora y así va a seguir siendo", indicó. También lanzó un capote al síndic del PP en las Corts, cuya gestión está siendo criticada por varios diputados, al asegurar que "tiene todo el apoyo del presidente y del Consell".

Sin embargo, Císcar sudó a la hora de explicar por qué la mano dura de Fabra no alcanzaba a Carlos Fabra, presidente de la empresa pública Aerocas, y al presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Ripoll, imputados ambos por casos de corrupción. "Cada caso tiene su tiempo y sus circunstancias", fue su esquiva respuesta, de la que no se movió pese a la insistencia de los periodistas para que aclarara qué circunstancias hacían especiales los casos de ambos exdirigentes del PP. "Hay cuestiones que el Consell hace a su manera y tiene que tomar las decisiones en el momento que considere más oportuno. Así se ha hecho y así se va a seguir haciendo. Lo puedo decir más alto pero no más claro", apostilló.

Castedo se defiende sola

Císcar indicó también que el partido siempre había defendido la presunción de inocencia y mantuvo que esta defensa no era incompatible con la decisión de apartar a los imputados. Casi al mismo tiempo, la diputada Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante y también diputado Luis Díaz Alperi, hacía la guerra por su cuenta. Elisa Díaz fue una de las parlametarias que intervino en la reunión del grupo para echar en cara a Bellver que no defendiera a su padre, imputado en Brugal. Ayer, en su cuenta de twitter, creo un hashtag denominado "presunción de inocencia" con el mensaje: "Defiendo a mis compañeros de partido. A todos los que se les prejuzga y condena. Ya está bien de política rastrera". Al menos en la red, la campaña de la diputada no obtuvo respuesta. El malestar, sin embargo, es evidente. Desde Alicante, su alcaldesa, Sonia Castedo, imputada también en Brugal, declaró ante los periodistas que no necesitaba que nadie la defendiera, ya que se tenía a ella misma y a su abogado. Eso sí, admitió que la imagen de la clase política era "nefasta".

Tampoco Císcar quiso entrar a valorar las críticas de Alfonso Rus por los incumplimientos del Consell sobre el plan de empleo. Se limitó a afirmar que esta iniciativa se pondrá en marcha pronto.