El juez del TSJ valenciano que instruye el caso Gürtel, José Ceres, también investigará los contratos de la Generalitat con el grupo Correa a través de las empresas públicas Vaersa, Sepiva, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Sociedad Valenciana SAU, la Fundación Luz de las Imágenes y la Sociedad Proyecto Cultural Castellón, S. A., según consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso Levante-EMV. El magistrado ha incluido los contratos bajo sospecha en la pieza separada quinta, que se centra en las supuestas irregularidades en las adjudicaciones entre la Generalitat y las sociedades del entremado dirigido por Francisco Correa. Los contratos pueden constituir un delito de cohecho y el juez ya ha citado el día 22 de febrero a los dos primeros testigos.
El magistrado ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía información sobre el expediente de contratación de la Sociedad Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), una concesión revelada por este periódico. Vaersa pagó a Orange Market 69.310 euros por un trabajo que no llegó hacer. El proyecto «fantasma» consistía en una campaña de comunicación y sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo. El juez José Francisco Ceres ha reclamado a la Udef que investigue el proyecto encargado a Orange Market para la elaboración de un vídeo de presentación del Plan de Desarrollo de los Parques Empresariales encargado por la sociedad mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva) en 2008, por el que se abonaron también más de 69.000 euros dentro de estas campañas didácticas que la franquicia valenciana de la trama Gürtel ofrecía a la Generalitat.
El informe elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial reveló que no constaba cuándo se había entregado el trabajo por lo que no se pudo certificar «si el servicio se realizó en los 45 días establecidos en el pliego». El magistrado quiere saber qué personas intervinieron en la contratación y si dieron conformidad al servicio. El juez pretende indagar en el contrato firmado por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valencia con Orange Market. El Consell encargó a la firma de Álvaro Pérez «El Bigotes» los servicios de conceptualización, producción y montaje del acto de inauguración de la Vuelta al Mundo de Vela. Orange Market organizó la ceremonia de la Volvo Ocean Race y cobró por 445.000 euros más IVA. En el tiempo récord de un mes y medio logró la adjudicación y cobró. El concurso público se tramitó y el 1 de septiembre de 2008 se presentaron tres firmas. Dos se retiraron y se quedó sola Orange Market cuando el 9 de septiembre tenían que confirmarse las ofertas.
El juez quiere saber, siempre según la información a la que ha tenido acceso este periódico, si las tres empresas a las que se solicitó que presentaran una oferta están vinculadas, lo mismo que lo estaban la terna que concurrió al concurso de Vaersa siendo conseller Rafael Blasco. Las sociedades son Inmotion Trade Company, Concepto Alternativo Estrategia y Orange Market.
La pieza quinta incluye las adjudicaciones de los proyectos encargados a la Fundación Luz de las Imágenes y a la Sociedad Proyecto Cultural de Castellón. La Unidad de Auxilio Judicial advirtió de que las dos entidades incumplieron «sistemáticamente» los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia ya que podrían haber tramitado como contratos menores actividades que excedían el límite que la ley permite de 12.020 euros para hacer un contrato de este tipo.
Por otro lado, el magistrado ha ordenado prorrogar el embargo de los bienes de los principales líderes de la trama cuando se cumplen cuatro años de la operación que desarticuló la red Gürtel, el 6 de febrero de 2009. Fuentes cercanas al caso explicaron que esta medida cautelar tiene una vigencia inicial de cuatro años y era necesario prorrogarla. La medida afecta a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Un paripé de selección entre tres firmas de Correa para aparentar
SI hay un caso paradigmático de cómo se pueden coleccionar irregularidades en la adjudicación de un contrato ese es el que otorgó la empresa pública Vaersa a Orange Market en 2004. La firma concedió la campaña sobre fomento del uso del contenedor amarillo a la firma de Álvaro Pérez por 138.678 euros. Se pagó al menos la mitad de esa cantidad. Se hizo con Blasco de conseller y sin publicidad ni concurrencia. Se presentaron tres aspirantes: Down Town Consulting, Boomerangdrive SL y Orange Market. El administrador de las tres era la misma persona: Luis de Miguel Pérez. En realidad se hizo un paripé de procedimiento negociado sin publicidad para aparentar que se consultaba a tres ofertas distintas. No fueron las únicas irregularidades. Las propuestas económicas recabadas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada.
