La primavera valenciana dejó un reguero de multas y detenciones que aún colean desde el punto de vista administrativo y judicial un año después. Dos equipos jurídicos se encargan de la defensa de las 231 personas multadas desde la Delegación del Gobierno por los presuntos desórdenes públicos, los cortes de calles o supuestos atentados a la autoridad. Las multas para los adultos ascendían a los 300 euros, mientras que para los menores se rebajaban a los 100 euros. Todas han sido recurridas y, en el caso de no resolverse administrativamente, todos los afectados coinciden en continuar la batalla judicial, como una forma de rebeldía más contra la respuesta policial "desmesurada y desproporcionada" que se vivió durante aquellos siete días en las calles de Valencia y que dio la vuelta al mundo.

Desde la Associació Jurídica Primavera Valenciana, nacida como evolución de una de las comisiones de la Assemblea Global del IES Lluís Vives, se han encargado de 117 procedimientos administrativos, todos recurridos, que "pueden convertirse si no se resuelven a nuestro favor con la anulación de las multas", explica el abogado Agustín Arenas. El letrado se muestra convencido de que el derecho a manifestarse libremente (artículo 21 de la Constitución) "debe prevalecer en este tipo de denuncias y sólo hace falta comunicarlo. Ya hay jueces que lo están reconociendo en sus sentencias", explica a Levante-EMV.

Por ahora todos las demandas han sido sobreseídas, aunque ahora están pasando al contraataque y denunciando por "brutalidad policial" contra algunos agentes que protagonizaron los actos más violentos.

El otro equipo de letrados, agrupados bajo el paraguas de la Assemblea per les Llibertats i contra la repressió (la antigua Assemblea Micalet), lleva la defensa de 116 personas sancionadas administrativamente (multas) y de 41 procesos judiciales por diferentes motivos de los que 9 han sido sobreseídos y 32 continúan en trámite. En siete procesos la asamblea se ha personado también como denunciante. En él participan abogados como Ricardo Cano (ver la entrevista bajo esta noticia) y Fabiola Meco quienes se muestran convencidos de que la represión policial no fue cuestión de siete días, si no que ha continuado a lo largo de este último año en cada manifestación y protesta que se ha convocado en Valencia. Hoy han presentado la querella que han preparado contra la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León y los mandos policiales que ordenaron las cargas contra los manifestantes tanto durante la primavera valenciana como en la huelga general.

Letrada de la Asamblea por las Libertades y contra la Represión, Meco ha explicado que la querella ha sido firmada por entre 50 y 60 personas y 20 organizaciones, entre las que hay partidos políticos y sindicatos, que se personan como acusación particular.

Según ha dicho, se trata de un querella conjunta con el objetivo de que se "depuren responsabilidades penales por los delitos de prevaricación de funcionario público, detención ilegal, amenazas y coacciones y falsedad de documento público".