"¿Es usted Luis Domingo Bárcenas?", pregunta el magistrado del TSJ valenciano José Francisco Ceres. "No", responde tajante el imputado. "¿No?", inquiere el juez. "No, Domingo no", aclara el extesorero del PP. En su declaración ante el instructor de la causa Gürtel por presunta financiación ilegal del PP, Luis Bárcenas Gutiérrez acreditó su fama de tipo seguro de sí mismo y un punto altivo. Diga la verdad o mienta -le asiste este derecho al estar imputado- no mostró vacilaciones el día que viajó a Valencia para someterse al interrogatorio de juez y fiscal, ya que se negó a responder a las preguntas de la acusación popular, ejercida por el PSPV. "¿Cuál es la pregunta?", llegó a desafiar al magistrado.
Bárcenas testificó hace días en Madrid ante el fiscal Anticorrupción por la presunta contabilidad B del PP y las anotaciones de supuestos donativos de empresas y repartos de sobresueldos a dirigentes del partido. Pero Bárcenas, investigado también por los depósitos bancarios en Suiza, tiene una cuenta pendiente con la justicia valenciana. El magistrado indaga su papel en un presunto delito electoral en la campaña de las municipales de 2007, en las que él, como gerente en Génova, 13 (Rajoy lo nombró tesorero tras el congreso de Valencia, en junio de 2008), era el "administrador general único" de la campaña.
La deuda con Orange Market
El juez quiere aclarar si el PP infringió la ley electoral al sobrepasar el gasto permitido, que no declaró porque parte de las facturas de actos montados por Orange Market las habrían pagado contratistas de obra pública: Grupo Sedesa, Lubasa, Hormigones Martínez, Facsa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Enrique Ortiz e Hijos y Piaf. Serían 1,3 millones encauzados al partido a través de facturas falsas de Orange Market. Ceres investiga a la cúpula del PPCV, a los empresarios y personas de la trama también por falsedad mercantil y presunta financiación ilegal en las autonómicas de 2007 y generales de 2008, con dinero negro que el partido habría recibido y abonado a la firma de Álvaro Pérez, "El Bigotes".
La deuda del PP con la franquicia valenciana Gürtel se redujo en 2007 en 345.000 euros, según la Brigada de Blanqueo de Capitales y la Agencia Tributaria. Bárcenas dijo desconocer las "dificultades de pago" y la deuda popular con Orange Market. En realidad, ignoraba, explicó, hasta que la empresa de la red de Correa se encargaba de los actos electorales. El PP valenciano habría aportado 2,5 millones en negro a la trama de Correa en los años electorales 2007 y 2008, según la investigación. De ser cierto, la máquina de contar dinero que compró por 540 euros Álvaro Pérez en octubre de 2005 -toda una paradoja si se tiene en cuenta que el 80% de la facturación era con la Generalitat- se habría amortizado con creces.
En la causa valenciana que afecta a Bárcenas (hay otras cinco piezas Gürtel por dirimir), el exgerente sentenció que no tiene "ninguna relación" con los imputados. "Personalmente no conozco a ningún empresario valenciano", proclamó y pronunció un "no" cuándo se le preguntó uno por uno si conocía a los presuntos financiadores. En los llamados papeles de Bárcenas aparecía una supuesta aportación de 200.000 euros de Sedesa a la caja B de Génova, con la anotación "Juan Cotino". El presidente de las Corts y tío del responsable de Sedesa, Vicente Cotino Escrivá, dijo que esa donación es "tan falsa como la cazadora" que la red Gürtel le atribuyó como regalo.
El "responsable del presupuesto" y de las "campañas para captar donativos" era, según Bárcenas, el tesorero, entonces Álvaro Lapuerta. Lo reiteró tres veces. "La relación con empresarios, si quisiesen echar una mano" era una función del tesorero. Y en ningún caso eran empresarios de la Comunitat Valenciana, advirtió. "Normalmente cuando hemos hecho alguna acción de captación de donativos (...) son empresarios de ámbito nacional los que nos han podido ayudar puntualmente", explicó quien tras el congreso de junio de 2008 pasó a ser tesorero. Pero, "¿no recuerda conocer a ningún empresario de la Comunitat Valenciana?", insistió el fiscal. "Nunca me he ocupado de eso", zanjó el imputado.
Réplica a la dirección valenciana
Bárcenas explicó en sede judicial que como gerente se limitaba a llevar "tareas administrativas del día a día" y "coordinar las estructuras regionales y provinciales". Pero no controlaba las cuentas y el "gasto electoral" que en 2007 era tarea de los gerentes provinciales según se dijo "con toda claridad" en una circular de Génova. Negó tener "poder de firma" en las cuentas. No era una de las tres personas que las movían, agregó. Desde la sede central, era, según explicó, imposible "tener acceso a lo que se hace en cualquier pueblo o provincia".
La dirección del PPCV trasladó a juez y fiscal que efectivamente las cuentas las abrían los gerentes provinciales pero quien supervisaba y "autorizaba" era el administrador, esto es, Bárcenas. "No, eso no es así", replicó el exgerente a la plana mayor del partido en Valencia, donde el extesorero dijo no conocer a nadie salvo a la gerente Cristina Sánchez y los gerentes provinciales, a los que trataba como "interlocutores".
