El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado la demanda del sindicato Intersindical Salut y ha anulado la amortización de 161 plazas de personal interino por la cesión de la gestión del Departamento de Salut de Dénia a Marina Salut, la empresa concesionaria.

Así lo ha indicado el sindicato en un comunicado en el que explica que los hechos se remontan a junio de 2009, cuando Marina Salud, la empresa concesionaria de la gestión del Departamento de Salud de Dénia, asumió plenamente la responsabilidad de la gestión y la Conselleria de Sanidad procedió a la amortización de todas las plazas vacantes de personal estatutario.

Intersindical ha explicado que esta decisión implicaba "el cese del personal interino que las ocupaba y que pasó a ser personal laboral de la empresa, con el empeoramiento de sus condiciones laborales". El sindicato recurrió la resolución de amortización ante el TSJCV por considerar que "se vulneraba el pliegue de cláusulas técnicas y administrativas de la concesión".

Estas cláusulas determinan que la empresa se compromete "al mantenimiento de las condiciones laborales de la plantilla". Además, contemplan que la administración debía abrir "un proceso de negociación colectiva en cuanto que implicaba la modificación de condiciones laborales, que no se produjo".

El tribunal en su sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, estima la segunda de las pretensiones, por entender que "no se ha producido ninguna negociación con carácter previo a la adopción de la resolución con las organizaciones sindicales", según Intersindical.

Según el recurrente, la resolución señala que la acción formal de informar a la Junta de Personal de Departamento, con la remisión del expediente de modificación de plantilla, "no puede confundirse con la necesaria apertura de un proceso negociador".

Con estos argumentos, la sentencia estima la demanda de Intersindical Salut, anula la resolución de amortización de plazas y "obliga a abrir un proceso negociador para continuar con la amortización o, de lo contrario, a la provisión reglamentaria de las plazas.

Para Intersindical Salut, si esta sentencia se confirma, "supondrá un antes y un después en el proceso de privatización de la sanidad pública y un verdadero correctivo para la Conselleria de Sanidad, que se verá obligada a negociar con los sindicatos todos y cada uno de los expedientes de modificación de plantilla que se produzcan como consecuencia de procesos de privatización o externalización".

De acuerdo con el sindicato, "este requisito previo de negociación puede convertirse en una ocasión única para las organizaciones sindicales para suavizar las condiciones de las nuevas concesiones administrativas, especialmente en aquellas cuestiones que afectan al personal estatutario público y a su dependencia de la Conselleria".

"De este modo se evitaría que pasen a ser personal laboral de las empresas concesionarias", ha explicado, y ha asegurado que la sentencia "supone la reversión de estas plazas a la sanidad pública de gestión directa, por el momento ocupadas por personal interino, pero abre una puerta a que puedan ser proveídas por los procedimientos reglamentarios" como bolsa de trabajo, concurso de traslado u oposición.

Para el sindicato, se trata "de una diferencia significativa si consideramos que el empleo público siempre es más respetuoso con los derechos laborales, que el adscrito al sector privado". Como "ejemplo significativo", señala que este mismo personal afectado por el expediente de modificación de plantilla "supuestamente siguió cobrando lo mismo, pero su jornada laboral se vio incrementada en un 20 por ciento".

Intersindical Salut considera que esta sentencia es un "gran avance en la protección de la negociación colectiva, en la defensa de las condiciones laborales del personal de la sanidad pública y un serio revés a los planes privatizadores de la Conselleria de Sanidad". El sindicato ha advertido de que "seguirá defendiendo los intereses de los trabajadores" de la sanidad pública ante el TS si la sentencia es recurrida y, en el caso de confirmarse, "vigilará meticulosamente su ejecución".