La Agencia Tributaria ha retenido 2.221.490,43 euros a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) como responsable civil del fraude en el IVA que cometió Emarsa, según ha notificado el juez del caso a las partes personadas para que muestren su opinión sobre la medida cautelar. Hacienda entiende que la entidad supramunicipal debe responder del delito tributario que perpetraron los gestores de la extinta empresa pública puesto que era la propietaria de la depuradora de Pinedo en esos años. En la actualidad la planta es de la Generalitat.

El delegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia tomó el pasado 29 de enero como medida cautelar la retención de la devolución tributaria reconocida en años anteriores. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía propondrán al juez que mantenga esta medida, mientras que la Emshi y la acusación popular, ejercida por el PSPV, se opondrán a la misma, según confirmaron las diferentes fuentes jurídicas consultadas.

Parte del fraude en la depuradora de Pinedo se realizó a través del cobro del IVA. Como han relatado algunos de los imputados, el empresario fugado Jorge Ignacio Roca cobraba por el tratamiento de lodos un IVA del 16 %, cuando en realidad el impuesto debía haber sido del tipo reducido, un 8 %, antes de las recientes subidas del impuesto. Además, según el juez, la propia Emarsa también habría presentado la declaración con irregularidades que le habrían reportado pingües beneficios.

Fraude de tres millones

El juez ha cifrado este fraude en el impuesto sobre el valor añadido en tres millones de euros, aunque fuentes conocedoras de la investigación consideran que la cantidad distraída a Hacienda es muy superior. El presidente de la Emshi, Arturo Ros, criticó la medida contra la entidad que dirige. "Estamos pagando más de lo que nos toca por el IVA soportado como se demuestra en la devolución y hora nos tratan así", lamentó el presidente de la entidad.

Este dinero que se le retiene a la Emshi no es único que ha tenido que aportar por el saqueo de Emarsa. Cuando liquidó la empresa pública ya tuvo que abonar 17 millones de euros.

Por su parte, la esposa del exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, Cristina Segarra, no se encuentra imputada en el procedimiento judicial como otras 41 personas como contaba el pasado lunes este periódico. La única medida que ha tomado el juez contra ella es imponerle una fianza de 400.000 euros al considerar que se benefició del dinero que presuntamente habría defraudado el exgerente de Pinedo.