Los despidos en Canal 9, en castellano o con testigos

alfons garcia valencia Sergio Capelo formó parte de la primera hornada de 35 periodistas que entró en Canal 9 en 1989 tras superar una oposición. Como la mayoría de ese grupo -solo han sobrevivido seis-, a sus 53 años está hoy en el paro. A él le tocó recoger la carta de despido, el finiquito y demás papeles el pasado 19 de febrero. Esa tarde, en los barracones del centro de formación del complejo de Burjassot, Capelo observó en sus manos lo que los sindicatos ya habían denunciado: que la documentación -a excepción de la liquidación económica, para ser exactos- estaba únicamente en castellano.
El redactor, que ha sido en el pasado miembro del comité de empresa y es uno de los responsables del Col·lectiu de Professionals del Doblatge, quiso hacer valer la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de hace solo 30 años, y pidió que el material se le entregara en valenciano.
"No existe" versión en lengua propia, fue la respuesta que obtuvo de la interlocutora. "Pues esperaré el tiempo que haga falta hasta que traducen los documentos", respondió. Ante este brete, la administrativa tomó el teléfono y, según dijo al periodista, planteó el caso a la subdirectora de Recursos Humanos, Noèlia Estarlich.

Si no firma, con dos testigos
Esta transmitió a la subordinada que, en efecto, no había versión en valenciano y que "el castellano es idioma oficial en la Comunitat Valenciana". Y que si el despedido (Capelo) continuaba negándose a firmar la recepción de los documentos, resolverían el trámite utilizando a dos testigos. Por último, comunicó que, dado el empeño, ya le harían llegar los escritos en valenciano a su domicilio.
El periodista firmó, cogió la carpeta en castellano y se fue a su casa, en el término de Bétera, no muy lejos de Burjassot. Desde entonces, han pasado más de diez días y no ha recibido nada.
Capelo relata toda la sucesión de hechos en la queja que ha presentado ante el Síndic de Greuges, José Cholbi. Argumenta que la ley dice que el valenciano es la lengua de las administraciones públicas y, por tanto, se han conculcado sus derechos como valencianohablante.
Sucede además que la ley de creación de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) establece entre los fines fundacionales de esta la promoción de la lengua autóctona.
El periodista solicita al defensor del pueblo valenciano que tome medidas, de forma que la empresa pública facilite la documentación de los despidos en valenciano. Cuando Cholbi resuelva, probablemente el ERE, que se ha llevado por delante a 1.100 trabajadores, ya esté finiquitado y no haya cartas que enviar. Pero, al menos, que conste.