El juez Jacobo Pin marcó ayer el paso del particular Viernes de Dolores de Carlos Fabra al señalarle el camino para sentarse en el banquillo y hacer frente a un supuestos delito continuado de tráfico de influencias, otro de cohecho y cuatro más de fraude fiscal. El auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, por el que se decreta la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castelló, insta a la Audiencia Provincial, con la que el juez ha mantenido disparidad de criterios, a fijar la fecha de la vista oral al ser el órgano competente para juzgarle, algo que podría producirse, según las fuentes consultadas, este mismo año.

Carlos Fabra, presidente de la sociedad pública Aerocas y secretario general de la Cámara de Comercio de Castelló, ha sido capaz de dilatar el proceso en los nueve años que han pasado desde que su entonces amigo, el empresario de Artana Vicente Vilar, le acusara de un presunto tráfico de influencias en beneficio de la emprea de productos fitosanitarios Naranjax.

Fabra, que siempre ha denunciado que él era el primer interesado en celebrar el juicio para explicar todas las "mentiras" que se han vertido sobre él, tendrá la oportunidad ahora de rebatir, entre otros, los informes de la Agencia Tributaria que apuntan a un posible fraude a Hacienda de 1,5 millones de euros. Enfrente tendrá a un fiscal anticorrupción y una acusación popular que plantean peticiones de cárcel entre 15 y 20 años.

Además de Fabra, también se juzgará a su exesposa, María de los desamparados Fernández, por tres delitos contra la Hacienda Pública; al empresario que lo denunció, Vicente Vilar, por un delito de cohecho, y a su exmujer, Monserrat Vives, también por cohecho. Contra el auto no cabe recurso alguno "excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados", respecto a lo que sí cabe "recurso de reforma" en el plazo de tres días. Asimismo, el juez Pin -que ha rechazado el jurado popular- da un margen de diez días para que las defensas de los acusados ratifiquen sus escritos de defensa o formulen una nueva argumentación para rebatir las acusaciones.

Este apertura de juicio oral para los 4 encausados se suma a la que ya se dictaminó en marzo de 2012 contra el exsenador Miguel Prim.

El caso estalló a finales de 2003, cuando el empresario químico Vicente Vilar, gerente de Naranjax, interpuso dos querellas en los juzgados de Nules y acusó a Carlos Fabra de cobrar cantidades millonarias a cambio de mediar ante altos organismos del Estado para lograr la comercialización de un largo listado de productos fitosanitarios. Nueves jueces instructores han llevado el caso y fue el último, Jacobo Pin, quien cerró hace un año la investigación.

Considera el juez que hay indicios de que, valiéndose de su condición de presidente de la diputación, Fabra intercedió ante diversos ministerios en favor de Naranjax. Por otra parte, la investigación determinó que Fabra y su exmujer obtuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se correspondían ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados durante los ejercicios fiscales de los años 1999 y 2004.

Uno de los aspectos más llamativos, al margen del baile de jueces y fiscales que han pasado por este caso, ha sido la pugna mantenida por el juez Jacobo Pin y el presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez. La Audiencia, en diciembre de 2010, decretó el archivo de todos los delitos fiscales menos uno, al considerar que habían prescrito. Un año después, el Tribunal Supremo revocó el auto de la Audiencia y ordenó que se investigasen. En mayo del año pasado, la Audiencia de Castelló dictó otro auto por el que excluía la acusación de cohecho y de nuevo el Supremo le enmendó la plana.

Esta disparidad de criterios llevó a Jacobo Pin a pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar presiones por parte de la Audiencia Provincial en la instrucción del caso, si bien el CGPJ, en su reunión del miércoles, decidió archivarla al considerar que la independencia del juzgado de Nules está garantizada.