La reforma del Registro Civil impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, implica que las gestiones que hasta ahora eran realizadas de forma gratuita para los ciudadanos desde la Administración pasarán a ser desempeñadas por los registradores de la propiedad y los notarios, que en los últimos meses se han quejado de la falta de ingresos por el desplome inmobiliario. Santiago Alegre, responsable de UGT Justicia, explicó que "los ciudadadanos tendrán que pagar un arancel al registrador de la propiedad de como mínimo entre 20 y 30 euros por las partidas de nacimiento, defunción y matrimonio, y todo tipo de trámites".

El proyecto de ley establece un listado de nuevas incripciones que a partir de ahora van a ser obligatorias como la del cambio de domicilio a efectos de notificaciones o la de los seguros de vida. Además, se atribuye a los notarios la facultad para celebrar matrimonios. Alegre precisó que solo en la ciudad de Valencia el Registro Civil realiza anualmente "unas 27.000 inscripciones, emite alrededor de 130.000 certificados y tramita 4.500 expedientes de nacionalidad y 24.000 de vida". UGT ha calculado que a una media de 25 euros por trámite los registradores y notarios van a ganar al año más de cuatro millones y medio de euros. Otra consecuencia de la privatización es que, según el sindicato, los juzgados de paz también dejarán de realizar los trámites del Registro Civil.