Primavera de 2011. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana, en medio de la sacudida del caso Gürtel, ultimaba el programa electoral con el que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, confiaba en ser absuelto por las urnas con una contundente nueva mayoría absoluta. La crisis económica mostraba ya su rostro más amargo con más de medio millón de valencianos en la listas del paro.

Las previsiones para el futuro no eran halagüeñas, pero los populares valencianos concurrieron con un programa electoral trufado de promesas. Francisco Camps ganó las elecciones, aunque su gesta no lo blindó en el Palau de la Generalitat. Dos meses después dimitía y dejaba en su lugar a Alberto Fabra, quien heredó unas arcas exhaustas y un ambicioso programa de gobierno. Casi dos años después y cuando el PP valenciano prepara una gran convención para avanzar sus propuesta electorales de cara a 2015; el balance de lo prometido resulta sonrojante, tanto como releer un programa electoral que parece una ensoñación si se tiene en cuenta la realidad.

Paradójicamente, de la más de 300 páginas de promesas bajo el título «Hui més que mai», lo único que se ha cumplido con creces son las propuestas de austeridad en la Administración. El texto hablaba de ahorro, eficacia, pero los términos como ERE o despidos no están. Sí aparecen, en cambio, promesas electorales en forma de lluvia de millones y que abarcan todos los departamentos de la Generalitat: nuevas inversiones en obras y sanidad, bono-libros, incremento de ayudas a los dependientes, más carreteras, más colegios, más hospitales... hasta incluso el compromiso de dedicar el 0,7 % del presupuesto a la Cooperación, un porcentaje que los recortes han dejado en el 0,07%.

«Hemos hecho mucho y lo hemos hecho bien: Un hospital al año, una depuradora al mes, un colegio a la semana. Nuestra política está centrada en las personas y las familias, por eso, en estos momentos de dificultad económica, nuestra política social es el empleo». De esta manera comenzaba un programa electoral que dedicaba el primero de sus apartados a la creación de empleo.

Los populares se proponían en los siguientes cuatro años «avanzar en la mejora del empleo», un empleo, matizaban, «con mayor productividad, con mayores niveles salariales, con mayor seguridad laboral y estabilidad». Este capítulo contenía todo un listado de buenos propósitos e iniciativas de apoyo a los desempleados. Muchas de las medidas pivotarían en torno al Servicio Valenciano de Empleo (Servef), una entidad que ha perdido recursos y empleados. Pese al optimismo, el aumento del paro ha sido constante hasta alcanzar los actuales 593.357 desempleados.

También chirrían las promesas en materia de Industria, uno de los sectores más afectados por la crisis. El PPCV prometía entonces que se incorporarían a la actividad económica nada menos que 800 empresas innovadoras al año, al tiempo que confiaba en dotar a las empresas con 11.000 nuevos investigadores. Ajenos a que en poco tiempo se haría justo lo contrario de lo prometido, el equipo de Camps pretendía ampliar la red del IVEX. Exenciones fiscales, líneas de crédito, cheques-formación, subvenciones, observatorios tecnológicos..., eran algunas de las medias que se adoptarían para revertir la crisis.

El programa electoral hace alusiones a la crisis, pero su contenido se construyó al margen de la situación financiera del Consell. En 2011 ya había déficit, deuda, financiación deficitaria, problemas de liquidez y planes de reequilibrio, pero el PPCV no vio entonces necesario cambiar sus políticas. «Reforzaremos las acciones promocionales con grandes eventos y grandes proyectos» para «seguir fortaleciendo la proyección turística internacional». Además, se prometía reducir a 30 días el pago a los proveedores.

La sanidad, que ahora el Consell ve insostenible sin recortes, era un intocable en el programa electoral. «Principios como la universalización de la asistencia (...) son hoy una realidad que todos disfrutamos y que todos queremos preservar». Hasta los inmigrantes, decía entonces el PP, debían tener garantizado el acceso al sistema público de salud. Pese a ser conscientes del déficit financiero, los populares proponían más hospitales, servicios e incluso la ampliación de la cobertura farmacéutica.

En gasto social, no habría límites: más apoyo a la dependencia, a los discapacitados, a los profesores interinos. Se mantendría la gratuidad de los libros de texto, se ampliaría la ayuda a la compra de material didáctico e incluso se impulsarían los centros educativos inteligentes. Eso sí, no subirían los impuestos. Este principio junto con la austeridad, el diálogo y el mantenimiento de la inversión pública eran los ejes básicos.